Se ha detectado una oleada de correos electrónicos fraudulentos que utilizan tácticas de extorsión y suplantación de identidad de organismos oficiales en España, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y el INCIBE. Los mensajes buscan aterrorizar a las víctimas acusándolas de consumir pornografía infantil o delitos similares, exigiendo una respuesta en un plazo inferior a 48 o 72 horas bajo la amenaza de un arresto inminente o la difusión pública del caso en los medios de comunicación.
Para dotar de una falsa credibilidad a la estafa, los ciberdelincuentes recurren a elementos visuales caóticos y poco rigurosos. Entre las evidencias del fraude destacan la acumulación desproporcionada de logotipos oficiales incompatibles entre sí, como Europol, Interpol y el Ministerio del Interior, saludos genéricos como un simple "Hola", y errores claros en la documentación adjunta, tales como faltas de ortografía, mezcla de idiomas, nombres de altos cargos mal escritos como "FRANCISCO PARDO PICAS" o la invención de términos institucionales inexistentes. Asimismo, se emplean direcciones de correo ajenas a la administración pública y plazos urgentes e irreales que escapan por completo a los cauces legales y formales de notificación del Estado.
Las autoridades insisten en que se trata de un engaño basado en la ingeniería social y recuerdan que ninguna institución pública realiza investigaciones ni emite órdenes de detención a través de un correo electrónico común. A quienes hayan recibido el mensaje se les aconseja no responder bajo ningún concepto, ya que esto confirma la actividad de la cuenta, y proceder a reportarlo y eliminarlo de inmediato.
En caso de haber contestado o seguido las indicaciones de los estafadores, se recomienda llamar al 017, la Línea de Ayuda en Cibersecuencia, para recibir asesoramiento especializado. Asimismo, es fundamental recopilar todas las pruebas posibles, capturas de pantalla, mensajes o recibos, y presentar una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por último, los expertos aconsejan realizar prácticas de egosurfing para supervisar la presencia de datos personales en la red y ejercer el derecho al olvido a través de la Agencia Española de Protección de Datos si se detecta cualquier uso no consentido.
