Un funcionario del Centro Penitenciario de Topas ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a siete años y ocho meses de cárcel como autor de un delito continuado de agresión sexual y otro de abuso de la función pública. Unos hechos que realizó contra una interna del centro entre septiembre de 2023 y enero de 2024.
La sentencia condenatoria apunta que el tribunal considera probado que J.B.P., que trabajaba en el economato de la prisión, se aprovechó de su posición de superioridad respecto de la mujer para someterla para realizar diferentes comportamientos de carácter sexual.
Según la resolución, el funcionario realizó tocamientos y besos a la interna, tanto por encima como por debajo de la ropa y en diferentes partes del cuerpo. Además, en algunas ocasiones la obligó a masturbarle, llegando a pedirle otras prácticas sexuales que la reclusa negó.
Estos hechos se llevaron a cabo mientras la interna realizaba labores en las instalaciones del centro penitenciario.
La Audiencia considera que el condenado se aprovechó de su posición para ejercer presión sobre la interna, que temía perder su puesto de trabajo en el economato. La resolución también destaca el carácter degradante y humillante de los hechos.
Las pruebas de ADN, determinantes
Uno de los elementos relevantes para acreditar los hechos fueron las muestras biológicas que la víctima recogió y conservó en papel y ropa de cama antes de denunciar lo sucedido. Los análisis detectaron restos de semen humano y permitieron obtener un perfil genético que coincidía con el del funcionario condenado.
La sentencia rechaza las objeciones planteadas por la defensa sobre la recogida y conservación de estas muestras, así como la posibilidad de que se hubieran contaminado. El tribunal también otorga credibilidad al testimonio de la mujer, que considera respaldado por otros elementos de prueba y por las declaraciones de responsables del centro penitenciario.
Siete años y ocho meses de prisión
Una vez celebrado el juicio, que tuvo lugar el pasado 13 de octubre, la Audiencia Provincial ha impuesto a J.B.P. la pena de cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual y otros dos años y seis meses por abuso de la función pública, lo que suma una pena total de siete años y ocho meses de cárcel.
La condena incluye, además, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante ocho años, así como cinco años de libertad vigilada.
En concepto de responsabilidad civil, el tribunal fija una indemnización de 2.500 euros por las secuelas, cantidad que ya había sido consignada. El condenado deberá abonar también las costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusación particular.
