La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Rikati, en la que ha detenido a siete personas pertenecientes a una organización que, mediante la creación de aplicaciones móviles maliciosas para telefonía, habría defraudado más de 30.000.000 de euros. Para ello, realizaban llamadas automáticas a números de tarificación adicional o suscribían a servicios de SMS Premium, todo ello sin consentimiento de los usuarios que se las habían descargado. Hasta la fecha, la Guardia Civil ha podido acreditar que más de un millón de personas en toda España han sido víctimas de esta estafa masiva.
Las investigaciones se iniciaron tras detectarse un volumen de tráfico de llamadas extraordinariamente alto a dos números de tarificación adicional. Antes estos hechos, las operadoras afectadas comprobaron que las llamadas automáticas se habían realizado por medio de una malware o programa malicioso instalado en los terminales móviles de sus clientes y que se habían hecho sin el consentimiento de los mismos, por lo que formularon la correspondiente denuncia.
Fruto de la investigación se detectó la existencia de todo un entramado de empresas dedicado a la creación de malware, que llevaban realizando estos hechos desde 2013. Con la finalidad de ocultar su actividad, la red había creado sociedades fuera de España, haciendo desaparecer del mercado las aplicaciones cuando habían obtenido el beneficio deseado.
Uso de logos de aplicaciones conocidas para dar credibilidad
Para conseguir que los usuarios se descargaran las aplicaciones empleaban el nombre y los logos de otras muy conocidas. Además de ello, las anunciaban como gratuitas en redes sociales, páginas webs, etc., cuando en la realidad, cobraran una vez completada su instalación en el teléfono móvil.
Básicamente existían dos tipos de aplicaciones, unas que realizaban llamadas en modo silencioso a números de teléfono de tarificación adicional (líneas 803X), y otras, que enviaban SMS a líneas de mensajería “Premium”. Además, y dado que estas aplicaciones eran configurables remotamente, ante cualquier queja o sospecha de las autoridades, la organización las desactivaba o eliminaba.
Los detenidos tenían la capacidad de variar los contenidos que mostraban las aplicaciones de forma remota, lo que permitía, entre otras funcionalidades, engañar a las operadoras y reguladores del sector, haciéndoles creer que se trataba de aplicaciones diferentes, esquivando así la labor inspectora y de control realizada por estos.
Para asegurarse la continuidad delictiva explotaban gran cantidad de números cortos de SMS “Premium” y números de tarificación adicional, cedidos por un operador de telecomunicaciones establecido en Barcelona, que resultó ser uno de los máximos responsables de los hechos investigados, facilitando, consintiendo e incluso ocultando su uso real a los organismos que controlan estos servicios. Es significativo el gran volumen mensajes, ya que con solo 20 números de suscripción, generaron más de 21.000.000 de SMS Premium.
Buena parte de las sociedades que explotaban los servicios estaban afincadas en el extranjero, habiendo creado una red de sociedades que sirvieron como instrumento para sacar el dinero defraudado de nuestro país, haciéndolo circular por paraísos fiscales e introduciéndolo nuevamente a sociedades en España. Para poder hacer uso de los beneficios obtenidos, se creó expresamente un entramado societario con más de 10 empresas en diversos paraísos fiscales como Luxemburgo y Andorra, o en lugares con beneficios fiscales como Hong Kong.
Microestafas telefónicas
Este tipo de hechos tienen su origen en lo que se denomina “Microestafas de telecomunicaciones”, que tienen como objetivo conseguir pequeñas cantidades económicas de miles de víctimas que ante la escasa cuantía del perjuicio sufrido no suelen denunciar los hechos, o cuando denuncian, son tratados como hechos aislados, lo que conlleva que los procedimientos judiciales, en el mejor de los casos, acaben en un juicio por delito leve, lo que se resolvería con multas o leves sanciones; mientras que los estafadores obtienen beneficios millonarios.
Cada vez que un usuario quedaba suscrito y recibía uno de estos mensajes, se les cobraba un importe cercano a 1,50 euros por mensaje. La media de mensajes recibidos era de entre 20 ó 25, lo que el fraude por perjudicado se eleva a unos 30 euros al mes.
La organización desmantelada, que llevaba operando desde el año 2013 generado un perjuicio cercano a los 30.000.000 de euros, se encontraba ubicada en Cataluña, utilizando a su vez un entramado societario de empresas pantalla para cometer el fraude, cuyas sedes se situaban en Canarias, Andorra, Luxemburgo y Hong Kong.
En la operación se han practicado 11 registros donde la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1.000 aplicaciones en distintas fases de desarrollo, ya que los autores iban introduciendo modificaciones para perfeccionar más las técnicas de engaño. Igualmente, los investigadores han incautado en los centros de operaciones ubicados en Sant Cugat, Mollet del Vallés, ambas localidades de Barcelona, y en Santa Cruz de Tenerife, datos de usuarios estafados, aplicaciones móviles y vehículos de alta gama; inmovilizando a la red un patrimonio por valor de varios millones de euros.
Cómo comprobar si ha sido víctima de la estafa
Se ha creado una página web donde se podrá comprobar, introduciendo el número de teléfono, si ha sido víctima del fraude, facilitando información sobre el alcance del mismo y la forma de poder efectuar la reclamación.
