La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado públicamente la situación de “desprotección e inseguridad” que, a su juicio, afrontan los agentes destinados en la provincia de Salamanca, después de la reciente agresión sufrida por un guardia civil a manos de un interno del Centro Penitenciario de Topas.
Desde la delegación provincial de JUCIL consideran que este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos a los que se enfrentan los agentes durante el ejercicio de sus funciones y, además, evidencia la “mala gestión” de los recursos de Seguridad Ciudadana durante los traslados sanitarios de internos.
Uno de los principales motivos de preocupación para la organización es la situación que se produce cuando patrullas de la Guardia Civil son movilizadas para trasladar y custodiar a internos de Topas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Según JUCIL, agentes destinados en el medio rural permanecen habitualmente durante horas en las Urgencias del hospital mientras los internos son atendidos por patologías leves o sometidos a revisiones que, según la asociación, no tendrían carácter urgente.
La organización considera “inadmisible” que, en una provincia con falta de efectivos para atender los avisos ciudadanos, varias patrullas puedan quedar bloqueadas durante largos periodos de tiempo en el hospital.
JUCIL sostiene que determinados traslados podrían evitarse mediante la asistencia sanitaria dentro del propio centro penitenciario o recurriendo a sistemas de telemedicina.
La asociación también vincula la reciente agresión con la situación de violencia a la que, según denuncia, se enfrentan los agentes en su trabajo.
Desde JUCIL advierten de que este tipo de episodios “no son hechos aislados” y consideran que reflejan la pérdida de autoridad y el incremento de las situaciones de riesgo.
En este contexto, una de las principales reivindicaciones de la organización pasa por que el Ministerio del Interior reconozca de manera inmediata a la Guardia Civil como profesión de riesgo.
