La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado públicamente la situación de “desprotección e inseguridad” que, a su juicio, afrontan los agentes destinados en la provincia de Salamanca, después de la reciente agresión sufrida por un guardia civil a manos de un interno del Centro Penitenciario de Topas.
Desde la delegación provincial de JUCIL consideran que este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos a los que se enfrentan los agentes durante el ejercicio de sus funciones y, además, evidencia la “mala gestión” de los recursos de Seguridad Ciudadana durante los traslados sanitarios de internos.
Uno de los principales motivos de preocupación para la organización es la situación que se produce cuando patrullas de la Guardia Civil son movilizadas para trasladar y custodiar a internos de Topas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Según JUCIL, agentes destinados en el medio rural permanecen habitualmente durante horas en las Urgencias del hospital mientras los internos son atendidos por patologías leves o sometidos a revisiones que, según la asociación, no tendrían carácter urgente.
La organización considera “inadmisible” que, en una provincia con falta de efectivos para atender los avisos ciudadanos, varias patrullas puedan quedar bloqueadas durante largos periodos de tiempo en el hospital.
JUCIL sostiene que determinados traslados podrían evitarse mediante la asistencia sanitaria dentro del propio centro penitenciario o recurriendo a sistemas de telemedicina.
La asociación también vincula la reciente agresión con la situación de violencia a la que, según denuncia, se enfrentan los agentes en su trabajo.
Desde JUCIL advierten de que este tipo de episodios “no son hechos aislados” y consideran que reflejan la pérdida de autoridad y el incremento de las situaciones de riesgo.
En este contexto, una de las principales reivindicaciones de la organización pasa por que el Ministerio del Interior reconozca de manera inmediata a la Guardia Civil como profesión de riesgo.
JUCIL considera que no resulta coherente que los agentes de la Benemérita permanezcan al margen de esta catalogación mientras afrontan intervenciones violentas y situaciones de elevada peligrosidad, mientras otros cuerpos policiales sí cuentan con este reconocimiento.
Ante esta situación, JUCIL reclama una revisión “inmediata” de los protocolos de traslado sanitario desde el Centro Penitenciario de Topas al hospital de Salamanca.
La asociación pide que estos desplazamientos se limiten a “emergencias vitales o no demorables”, evitando que las patrullas de Seguridad Ciudadana queden fuera de servicio durante horas por consultas o revisiones médicas que puedan atenderse por otras vías.
Asimismo, exige un refuerzo de las plantillas y de los medios de protección disponibles en los cuarteles de la provincia con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos.
Por último, JUCIL reclama la inclusión definitiva de la Guardia Civil en el catálogo de profesiones de riesgo, con el objetivo de equiparar sus derechos laborales, de protección y de jubilación a los de otros cuerpos de seguridad.
