Detrás de cada operativo policial hay un meticuloso trabajo silencioso: en despachos, en la calle o en pisos donde nadie, o casi nadie, quiere mirar.
Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tejen con paciencia y cautela complejas investigaciones durante meses con el único objetivo de perseguir delitos tan crudos y duros como la trata, la explotación sexual o los abusos a menores. Inspecciones, llamadas anónimas, denuncias en hospitales… todo se traduce en pistas que permiten trazar el rastro del delito, en piezas de un puzzle que culmina en una redada en un piso o en un club de alterne.
“No podemos actuar a la ligera. Cada operación requiere pruebas sólidas y coordinación, junto con una orden judicial. Si nos precipitamos, el delincuente cierra su ‘negocio’ y desaparece, pero porque se va a otro lugar a delinquir”, explica a este medio Beatriz Ramos, inspectora y jefa del Grupo Operativo de Extranjería de la Policía Nacional de Salamanca - el cual es el encargado de investigar todos los delitos relacionados con trata de seres humanos en todas sus modalidades: explotación laboral y sexual, tráfico de órganos, venta de niños, mendicidad o falsedad documental entre otras-.
Mientras tanto, el EMUME, equipo especializado de la Guardia Civil, " lleva todo lo que es la parte del código penal de delitos contra las personas. Homicidios, suicidios, trata, prostitución, violencia de género, delitos en los que los menores son autores..." indica, por su parte, la agente de la Benemérita María Begoña Picado.
Redadas y rescates
Salamanca, aseguran las agentes, es una ciudad segura aunque, eso sí, "la delincuencia está aquí y en todas las ciudades. Nosotros desayunamos, comemos y cenamos con el delito y parece que es una constante pero, en realidad, es un porcentaje mínimo. Hay un reducto en la sociedad en el que sí existe la delincuencia y sí, existen organizaciones criminales asentadas en Salamanca y provincia" y estas, gracias a la minuciosa labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son investigadas, perseguidas y llevadas ante el justicia.
No en vano, el 23 de enero de este mismo año, la Policía Nacional desmanteló un entramado criminal dedicado a la trata de mujeres para su explotación sexual en pisos que hacían las veces de prostíbulos.
En esta operación, que se saldó con cinco entradas y registros en domicilios, doce personas fueron detenidas y seis de ellas ingresaron en prisión de manera preventiva.
El operativo permitió identificar, asimismo, a 17 víctimas originarias de América Latina quienes, informaron fuentes policiales, fueron engañadas y captadas a través de redes sociales.
Ya en España, las víctimas eran sometidas a un estricto control y obligadas a ejercer la prostitución las 24 horas del día los siete días de la semana.
Además, se las coaccionaba para que consumieran drogas.
También este mismo año, el pasado 24 de junio y tal y como informó Salamanca24horas, se llevó a cabo otra operación en un piso en el que, también, se explotaba sexualmente a mujeres. El dispositivo, de registro, localización y detención coordinada de la mano de varias unidades de la Policía Nacional de Salamanca, tuvo lugar en el bloque número 5 de la calle Zapateros, ubicada en el barrio Vidal.
La operación, bautizada oficialmente como 'operación Zapateros', culminó con la detención de dos personas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como con la liberación de tres víctimas que habían sido captadas con estos fines por uno de los detenidos.
Uno de los operativos más sonados, y que en cuestión de días llegará a los tribunales, se desarrolló el pasado año.
Agentes de la Policía Nacional de Salamanca desmantelaron un piso, en la Avenida de Portugal, donde varias mujeres asiáticas eran explotadas sexualmente.
El juicio, que sentará a un hombre y a una mujer en el banquillo de los acusados, se celebrará el próximo 19 de noviembre en la Audiencia Provincial de Salamanca.
La colaboración vecinal fue clave: llamadas anónimas y vigilancia discreta ayudaron a recopilar las pruebas necesarias para la intervención.
“Cada vez más ciudadanos colaboran, incluso de forma anónima. Esto nos permite abrir investigaciones que pueden culminar en procedimientos judiciales”, matiza la inspectora Ramos.
La planificación de las redadas es meticulosa y sumamente laboriosa: “Antes de entrar a un local debemos tener una investigación sólida que respalde legalmente la orden judicial. La trata es un tipo penal complejo: hay que probar captación, transporte y explotación. No se puede investigar a la ligera”, detalla.
La trata de seres humanos
No solo la prostitución está en el punto de mira. La explotación laboral también es un delito perseguido con rigor. Trabajadores hacinados en pisos compartidos, condiciones abusivas en restaurantes, jornadas interminables… todo ello también es nvestigado durante meses.
“No es solo entrar a un local y detener a alguien. Hay que probar documentalmente la explotación. Solo así se garantiza la condena y se protege a las víctimas”, afirman.
La trata de seres humanos es un delito complejo: implica captación, transporte y explotación. Las penas son elevadas y la investigación requiere años.
No en vano, cualquier error puede frustrar todo el operativo y llegar a poner en riesgo a las víctimas.
Años de silencio
En los pueblos pequeños de la provincia, la violencia puede llegar a estar normalizada.
De hecho, en numerosos casos el miedo al qué dirán y la cercanía establecida entre los vecinos dificulta la interposición de una denuncia. “Hemos tenido casos de mujeres de 80 años que denunciaron tras décadas de violencia”, relata la agente Picado.
El aislamiento, o incluso la falta de acceso a servicios sociales, hacen que muchos delitos permanezcan ocultos y silenciados durante años. En el caso de agresiones sexuales o violencia de género, la vía suele ser la denuncia de la víctima o la intervención del hospital.
“El primer contacto es muy difícil. Hay que ser paciente, protegerlas y hacerles ver que están seguras", asegura la agente de la Benemérita.
"Los agresores de violencia de género no son enfermos; saben perfectamente lo que hacen y ejercen daño físico y psicológico sobre quienes deberían amar. En agresiones sexuales a menores, la mayoría de los autores son personas cercanas al entorno familiar o social", matiza.
La labor de los equipos policiales consiste en identificar a estos agresores y proteger a las víctimas, evitando que vuelvan a ser revictimizadas.
Las redes sociales, por otro lado y nunca está de más recordarlo, han "creado" nuevas formas de criminalidad.
Los delitos sexuales a menores, a través de estas vías, están en aumento: niñas de 10 a 12 años contactan con adultos que se hacen pasar por menores y, amenazadas por estos individuos, terminan por enviarles fotos íntimas.
“Es responsabilidad de los padres supervisar el uso de las redes sociales de los menores. Nosotros investigamos estos casos con un equipo especializado en delitos tecnológicos”, indica la agente Picado.
Un trabajo que no se detiene
A pesar de la gravedad de los delitos, las agentes reiteran que Salamanca sigue siendo, a grandes rasgos, una provincia segura. Pero la delincuencia existe, y acecha.
Por ello, detrás de cada operativo, hay meses de trabajo minucioso que pocas veces, o ninguna, sale a la luz.
Tras una laboriosa investigación, la satisfacción de los agentes llega al liberar a una mujer explotada, al detener a un agresor o al proteger a un menor aunque, eso sí, hacen un llamamiento que refiere a la dureza que reviste su trabajo: "yo apelaría a que hubiera cursos para saber gestionar las emociones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente para los que nos dedicamos a tratar estos temas", asegura la agente Picado.
Cada caso es un puzzle que hay que resolver. Paciencia, precisión y humanidad, en esta ardua tarea, son cruciales. Es, a fin de cuentas, un trabajo que salva vidas y brinda esperanza.
Mientras usted lee estas líneas, la batalla en Salamanca contra la explotación, la violencia y el delito continúa: silenciosa, implacable, necesaria.
