Este decreto fija los precios públicos de los estudios universitarios de Castilla y León para el próximo curso que conducen a la obtención de títulos de carácter oficial con validez en el territorio nacional, así como los servicios complementarios en las universidades públicas de la Comunidad.
En la actualidad, los ingresos que perciben las universidades por precios públicos cubren entre el 15 % y el 25 % del coste real de las enseñanzas en primera matrícula de modo que la mayor parte de la financiación universitaria se realiza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad.
El decreto se estructura en una parte expositiva, cinco capítulos -que comprenden 16 artículos-, cuatro disposiciones finales y seis anexos. La norma mantiene la posibilidad de pagar la matrícula de una sola vez, a principios de curso, o fraccionarlo en tres plazos: el primer pago, al formalizar la matrícula; el segundo entre el 1 y el 15 de diciembre; y el tercero, entre el 1 y el 28 de febrero. Además, como novedad, en aras de la autonomía universitaria y atendiendo a una petición de la Universidad de Valladolid, se ha incluido la posibilidad de que las universidades establezcan, si así lo desean, su propia fórmula de pago fraccionado aplicándose el previsto en el decreto en su defecto. Asimismo, en este mismo artículo se ha incluido en la prohibición de fraccionar el pago a los estudiantes que concurran a la convocatoria extraordinaria de fin de Grado y Máster, siempre que estas convocatorias están previstas en la normativa de la universidad, atendiendo a la excepcional naturaleza y especiales características de estas convocatorias.
Igualmente, se mantiene la exención total de los precios por servicios académicos, por una sola vez, en el primer curso de enseñanzas de Grado al alumnado que inicie estudios universitarios y acredite matrícula de honor global en 2º de Bachillerato o ciclo formativo de FP de grado superior; que sea premio extraordinario de Bachillerato o de FP de grado superior; o que haya obtenido medalla en las olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología o Economía de ámbito nacional. Además, este año se ha modificado la redacción correspondiente a este apartado y se ha eliminado la referencia a que esta exención únicamente puede realizarse en el primer curso puesto que los estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior, pueden tener reconocimiento de créditos para los estudios de primer curso de grado y acceder directamente a cursos posteriores.
Asimismo, estará exento del pago de los precios públicos el estudiante que acredite, al formalizar la matrícula o solicitar el servicio, ser una persona con discapacidad, víctima de actos terroristas o miembro de familia numerosa.
El contenido del decreto se ha presentado a los rectores de las universidades públicas de Castilla y León y, se ha dado conocimiento del mismo a los ciudadanos en el espacio web de la Junta de Castilla y León denominado ‘Gobierno Abierto’.
