.La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará en 2021 con 8,3 millones de euros (un 32 % más) para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. La agencia realizó el pasado año 320 inspecciones de oficio, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 580 sanciones por 879.000 euros
Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva. Por su parte, de las 580 sanciones, 342 tuvieron como causa el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se impusieron por no incluir en los contratos toda la información preceptiva; y 89 por no existir contrato.
En los tres casos el comercio mayorista (en origen y destino) resultó el más sancionado, por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores. En 2020, por otro lado, se presentaron 65 denuncias, el 44 % de ellas procedentes de organizaciones sectoriales y el 40 % de productores.
La directora de la AICA, Gema Hernández, ha facilitado esta información al consejo asesor de la agencia, reunido para conocer el resultado final de un ejercicio marcado por el estado de alarma y la pandemia de la COVID-19 y la aprobación en febrero del real decreto ley 5/2020 que modificaba la ley de la cadena alimentaria, lo que supuso tener que adaptar la actividad diseñada a principios de año a las nuevas circunstancias. En este sentido, ha destacado que 2020 supuso un trabajo intenso de reprogramación de inspecciones y de investigación de las denuncias y alertas que se presentaron por posibles incumplimientos de la ley de la cadena.
Hernández también ha facilitado cifras del acumulado de la actividad de la agencia desde su creación en 2014. Así, el número de inspecciones ha sido de 4.584, entre las que destacan las 1.472 en el sector de frutas y hortalizas, las 944 del lácteo, las 895 vinculadas al sector vitivinícola, las 595 al oleícola y las 417 del cárnico.
Estás inspecciones han dado lugar a 2.474 infracciones con sanción impuestas por el MAPA por un total de 11.858.185 euros. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el sector de frutas y hortalizas (985), el lácteo (325), el vitivinícola (261) y el oleícola (201).
Desde la creación de AICA, el motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago (51,7 %). Y si atendemos al tipo de operador, el 44,2 % de las sanciones han recaído en la distribución comercial mayorista, seguido de la industria, con el 35,4 %.
En estos más de siete años, la agencia ha recibido 358 denuncias, 138 relativas al sector lácteo, 97 a frutas y hortalizas, 45 del sector vitivinícola y 39 del oleícola.
Hernández ha señalado que la agencia seguirá siendo un organismo riguroso y eficaz y una herramienta útil para el sector alimentario que vela para que lo que dice la ley se cumpla.
En lo referente a los controles oficiales a las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito supraautonómico y que han elegido a AICA como organismo de control y certificación, se realizaron un total de 126 auditorías (85 a productores y 41 a operadores certificados).
Por otro lado, la AICA, que inicia e instruye el procedimiento sancionador en caso de incumplimientos a la ley 6/2015, de DOP e IGP de ámbito territorial supra-autonómico ante las denuncias presentadas por los consejos reguladores, ha incoado 22 expedientes en 2020 (266 desde 2014).
Como gestora de los sistemas de información de mercados de los sectores oleícola (SIMO) y vitivinícola (Infovi), la agencia recibió en el ejercicio pasado 62.083 declaraciones de operadores del sector de aceite de oliva y aceituna de mesa y 44.916 declaraciones de operadores del sector del vino. De ellas se han derivado más de 1.000 informes.
La reunión del consejo asesor ha estado presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha recordado que las buenas relaciones de la cadena son un tema crucial para el futuro y la sostenibilidad del sector agroalimentario.
En una cadena de valor equilibrada, ha dicho, todos los agentes deben obtener un valor que remunere su aportación, particularmente los productores primarios a los que la ley reconoce como parte más débil. De ahí que la batería de modificaciones legislativas iniciadas en 2020 tenga como fin el establecimiento de relaciones comerciales verdaderamente equilibradas y creadoras de valor para todos los eslabones.
En este contexto, ha señalado que la AICA juega un papel clave y que por eso es una prioridad para el MAPA reforzar su funcionamiento con incremento el presupuestario aprobado para 2021 y con un plan de incorporación de personal técnico.
La AICA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, cuya actividad de control de la cadena alimentaria se realiza cuando recibe una denuncia por incumplimientos a la ley y mediante inspecciones de oficio.
