La Ley de Dinamización y Desarrollo Rural de Castilla y León incluirá incentivos fiscales para “atraer gente” al campo de Castilla y León. En concreto, la norma incluirá medidas para “disminuir la carga fiscal a los residentes efectivos en el mundo rural”, así como a la agroindustria, para hacer “más atractivo económicamente” para este sector situarse en el medio rural y, con ello, conseguir atraer también “más agricultores y más ganaderos”.
Así lo reveló, durante su participación en ‘Los desayunos de Ical’, el consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas, que informó asimismo de que el texto legislativo aglutinará dos cuestiones diferentes. Por un lado, la dinamización demográfica de la Comunidad en términos generales, con el objetivo de “traer gente a Castilla y León, da igual ciudades que pueblos”, con condiciones que consigan que “la calidad de vida de Castilla y León sea lo suficientemente atractiva” para que la población se asiente en la Comunidad.
Por otro lado, y en lo que se refiere al desarrollo rural que contempla la ley, pretende aglutinar “a nivel global” todo el apoyo que puedan prestar las diferentes consejerías de la Administración autonómica para “hacer los pueblos atractivos a la gente en todos los aspectos”. No obstante, parte de la ley también se referirá a la cuestión “puramente agraria” donde, no obstante, Dueñas recordó que se depende de la Consejería de Economía y Hacienda por esos incentivos fiscales anunciados.
En todo caso, el consejero de Agricultura esperó que la Ley de Dinamización y Desarrollo Rural esté “vigente y operativa” en los primeros meses de 2024, tras pasar por el trámite parlamentario durante el próximo periodo de sesiones, que se extiende entre los meses de septiembre y diciembre de 2023.
La esperanza de Dueñas se basa, según reveló durante su participación en ‘Los desayunos de Ical’, en que la propuesta interna del texto definitivo de la Ley está “bastante avanzada”, tras el trabajo realizado durante los dos últimos meses, antes del parón veraniego, por parte de la propia Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural junto a las de Presidencia, Economía y Hacienda y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Y es que la ley, que “iba a ser muy concreta en principio”, se abrió a la parte mencionada de las consejerías de la Junta tras la decisión del conjunto del Gobierno autonómico de que el texto fuera “más general” y tratase de aglutinar “todo el apoyo, a nivel global, que como administración autonómica podemos poner en hacer atractivos los pueblos en todos los aspectos: económico, social y medioambiental”.
Es por ello que el texto definitivo ha pasado de ser “una ley más nuestra, solamente agraria”, a un marco legislativo “bastante superior en el que va a intervenir toda la Junta”, tal y como reveló el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que cifró en los primeros meses de 2024 la puesta en marcha de la ley tras el trámite parlamentario, que esperó quede resuelto en el último trimestre de 2023 después de presentarse la ley ante las Cortes “en septiembre u octubre”.
