El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que, con sus últimas propuestas sobre flexibilidades de la Política Agraria Común (PAC), “la Comisión Europea da respuesta rápida a las cuestiones planteadas por los agricultores y ganaderos españoles”. El ministro se ha mostrado confiado en que la aprobación de los cambios reglamentarios necesaria se realizará de forma urgente para que puedan tener ya eficacia en las solicitudes de ayudas que los agricultores tienen que presentar este año.
En la reunión, por videoconferencia, del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios para tratar con las comunidades autónomas los asuntos que se debatirán en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, el ministro ha valorado las propuestas anunciadas por la Comisión el pasado viernes, día 15.
En especial, Planas ha mencionado a los consejeros y consejeras las flexibilidades referidas a las normas de condicionalidad para tener acceso pleno a las ayudas de la PAC y que están en línea con las peticiones realizadas por el Gobierno de España de flexibilizar tres de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM). La propuesta de modificación de reglamento de la Comisión otorgará a los Estados miembros mayor subsidiariedad en la aplicación de las BCAM. El ministro ha anunciado que España las utilizará para, por ejemplo, autorizar prácticas habituales para el desarrollo normal de la actividad agraria como el laboreo vertical sobre rastrojos o la aplicación de purines y enmiendas orgánicas en los barbechos durante todo el año (BCAM 6).
Al mismo tiempo, se permitirá la rotación de cultivos o la diversificación (BCAM 7) y se eliminará la obligación de dejar improductiva una parte de la superficie de las explotaciones (BCAM 8). Con la modificación propuesta se opta por un enfoque incentivador, de forma que los agricultores que opten por dejar en barbecho parte de su explotación para mejorar la biodiversidad, podrán recibir una ayuda vía ecorregímenes.
Luis Planas ha destacado también el avance en materia de eliminación de cargas burocráticas que suponen las nuevas propuestas de la Comisión al eximir de controles y sanciones de la condicionalidad a las explotaciones de menos de 10 hectáreas. En el caso de España, esta medida beneficia a unos 345.000 pequeños agricultores, el 55 % del total de beneficiarios de ayudas de la PAC.
Una vez que el Consejo de Ministros de la UE de el visto bueno a estas propuestas de martes, día 26, el ministro ha señalado que la prioridad será el calendario de aplicación para que el Consejo y el Parlamento aprueben la modificación del reglamento con urgencia -la Cámara se disuelve a finales de abril-. El ministro ha explicado que los agricultores y ganaderos necesitan la máxima seguridad jurídica para saber qué normas le serán de aplicación antes de que concluya el plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas de la PAC, que se inició el 1 de febrero y que finaliza el 30 de abril.
Para agilizar la aprobación normativa necesaria, Luis Planas ha informado a los consejeros autonómicos de que el ministerio ha iniciado ya la consulta previa para la modificación de los decretos de aplicación de la PAC en España que será necesaria para trasladar la nueva normativa comunitaria.
Además de las flexibilidades de la PAC, en el Consejo Consultivo se han abordado también las propuestas de la Comisión Europea relativas a la cadena alimentaria. El ministro ha valorado la creación de un observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales. También ha destacado la posibilidad, anunciada por la Comisión, de modificar el reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) para introducir la obligatoriedad de realizar los contratos por escrito, algo que ya está introducido en la legislación española desde la reforma de la ley de la cadena aprobada en diciembre de 2021.
El ministro ha considerado “crucial acelerar la armonización normativa sobre la cadena alimentaria entre los Estados miembros” y ha valorado que medidas pioneras ya establecidas en España como la prohibición de destrucción de valor (venta a pérdidas) se recojan en la futura normativa europea. “La remuneración digna para los agricultores y ganaderos y la generación de valor deben estar integrados en la normativa comunitaria”, ha señalado.
