El nuevo Observatorio de Precios de Castilla y León analizará qué parte del valor final de un producto se queda en cada eslabón de la cadena agroalimentaria, con el fin de ofrecer ese dato, así como el estado de los costes de producción, para que tanto agricultores y ganaderos como industriales y distribuidores cuenten con la misma información a la hora de negociar los precios de compraventa de los productos.
Así figura en el borrador de la orden de la Consejería de Agricultura de la Junta que crea, bajo el nombre de Observatorio de Costes de Producción, Márgenes y Formación de Precios de los Productos Agroalimentarios de Castilla y León, la nueva herramienta que pretende aumentar la eficiencia de la cadena de valor a través de la mejora de la transparencia, el reequilibrio del poder negociador de los operadores más pequeños y el incremento de la confianza y la interlocución entre los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria.
El proyecto, al que ha tenido acceso Ical, está sujeto a las aportaciones que se quieran presentar hasta el próximo 21 de abril y, entre otras novedades con respecto a la Orden de 2017 por la que se creaba el observatorio de precios de Castilla y León, incluye la organización del mismo a través de un pleno y de varios grupos técnicos de trabajo, y la inclusión de agricultores y ganaderos entre los agentes informantes y colaboradores para calcular tanto los precios agrarios en origen como los costes de producción y los márgenes de beneficio que obtienen los distintos eslabones de la cadena.
Así, los productores se unirán como fuentes de información a las que hasta ahora figuraban en la anterior Orden: los mercados, lonjas y mesas de precios, las cooperativas agroalimentarias, los mayoristas, los compradores de ganado y las industrias del sector. Además, y también como novedad, entran dentro de la categoría de agentes informantes y colaboradoras las entidades del sector de la distribución.
El objetivo final, según recoge el documento, es disminuir las asimetrías en el poder de negociación de agricultores y ganaderos por la “falta de transparencia” en la formación de precios, lo que tiene un “efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector” agroalimentario y lo convierte en “vulnerable”, también por un contexto de “costes de producción creciente” y una “excesiva presión” por parte de factores ajenos al sector primario.
De esta manera, la Administración autonómica se pretende involucrar en la generación de un “correcto equilibrio” entre los eslabones de la cadena para, ofreciendo información de precios, costes y beneficios de cada parte, “garantizar una competencia justa, leal y efectiva” que dote de “mayor competitividad” a este sector “estratégico” para Castilla y León por su contribución al Valor Añadido Bruto, su dimensión, el número de empleos que genera, las exportaciones y su balanza comercial.
El Observatorio de Costes de Producción, Márgenes y Formación de Precios de Castilla y León sustituirá, una vez se apruebe, al Observatorio de Precios de los Productos Agrícolas y Ganaderos, que data del año 2017, al que amplía con el cálculo de los costes de producción y la valoración de los márgenes y beneficios de productores, industriales y distribuidores.
Pero además, y según apunta la nueva Orden, el Observatorio pretende ser, para la Consejería de Agricultura, “un foro de debate entre los tres eslabones” y de ellos con la Administración autonómica, que entre otras labores, y además de favorecer el diálogo entre los representantes de cada sector de la cadena, propondrá métodos alternativos de solución de controversias para no llegar a sede judicial, especialmente a través de la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios en Castilla y León, y fomentará códigos de buenas prácticas mercantiles para todos los eslabones.
Además de todas las funciones ya mencionadas, el Observatorio tendrá una más: mejorar la comunicación con la sociedad para, con los datos recabados, hacer frente a las crisis alimentarias, a las noticias falsas y a las alarmas que repercutan rápidamente en la reputación de los productos agroalimentarios, a través de estrategias colectivas y compartidas con el resto del sector.
Todo ello sin que suponga un incremento del gasto público. Y es que el pleno y los grupos técnicos de trabajo del Observatorio que se creen para su funcionamiento partirán de la participación del personal técnico de la Consejería y de los sectores involucrados como parte de la cadena alimentaria.
Así, el pleno, que se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces al año, estará presidido por el consejero de Agricultura, su vicepresidente será el titular de la Dirección General de cadena alimentaria y contará con 18 vocalías con cuatro representantes más de la Consejería, tres representantes de las opas, otros tres de las organizaciones representativas de las industrias agroalimentarias, tres más de la distribución, uno de Urcacyl, dos de la Junta de Arbitraje y dos últimas de reconocido prestigio en materia de cadena alimentaria, cuyo nombramiento correrá a cargo del presidente del Observatorio.
En cuanto a los sectores sobre los que se ofrecerá información, el anexo de la Orden incluye, entre los cereales, el trigo blando, la cebada, la avena, el centeno y el maíz grano; el girasol, la colza y la remolacha azucarera entre los cultivos industriales; la patata, la zanahoria, el puerro y el ajo seco entre los hortícolas; y la judía seca, las lentejas, los garbanzos y la veza grano entre las leguminosas, además de la alfalfa y la veza de forraje entre los cultivos forrajeros. En materia ganadera, se analizarán los costes y precios de ternero, añojo, novilla y vaca en bovino; de cordero lechal, recental y pascual en ovino; de cabrito lechal en caprino; de cochinillo, cerdo ibérico y cerdo de otras razas en porcino; y la leche de vaca, oveja y cabra.
