El último censo del lobo ibérico en España revela la existencia de 333 manadas, un 12% más que en 2019, lo que, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que la especie "continúa en situación desfavorable". La población total se estima entre 1.600 y 1.700 individuos, una cifra inferior a la del lince ibérico, que ya supera los 2.400 ejemplares.
En Castilla y León, el crecimiento de la población lobuna ha sido más moderado que la media nacional, registrando un aumento del ocho por ciento, pasando de 179 a 193 manadas a nivel regional. Destaca que el incremento ha sido mayor en provincias meridionales, como Salamanca y Ávila, donde la población de lobos ha experimentado un repunte más acentuado en comparación con las zonas al norte del Duero, que apenas han sumado cuatro manadas más.
El Ministerio, liderado por Sara Aagesen, presentará estas cifras este viernes a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde también comunicará el fin de la financiación de 20 millones de euros anuales destinados a cubrir los daños del lobo al ganado.
Un censo para Europa y la controversia sobre la caza
La elaboración de este censo actualizado se realiza en cumplimiento de la obligación del Gobierno español de remitir a la Comisión Europea un informe sexenal sobre la situación del lobo ibérico antes de finalizar julio. El procedimiento, homogéneo y con participación de las comunidades autónomas con presencia de lobo, ha confirmado el aumento de manadas, aunque el Ministerio subraya que la población de lobos sigue siendo menor que la de linces, una especie que salió de la Lista Roja de Especies Amenazadas en junio de 2024.
Desde Transición Ecológica insisten en que, aplicando la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de julio del año pasado —que dictaminó que el estado de la especie se computa en todo el territorio nacional y no por comunidades autónomas—, el lobo ibérico se encuentra en una situación "desfavorable". Por ello, y en aplicación de la directiva europea y la sentencia, el Ministerio recalca que "el lobo no es una especie que pueda estar sujeta a gestión mediante herramientas cinegéticas. No puede haber controles letales de la especie".
Esta postura choca con la situación actual, ya que el pasado 2 de abril se volvió a permitir la caza deportiva del lobo ibérico al norte del río Duero gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Transición Ecológica advierte que las comunidades autónomas que han autorizado la caza desde abril, como Asturias y Cantabria, han contribuido a la eliminación de unas 20 manadas, o cerca de 100 individuos, lo que "nos devuelve a una situación similar a la del 2019". Además, se subraya que la caza de un ejemplar puede significar indirectamente la pérdida de varios, incluyendo hembras en periodo de cría con sus camadas.
Viabilidad de la especie y fin de las indemnizaciones nacionales
La comunidad científica establece que España debería contar con un mínimo de 500 manadas de lobos para que la especie deje de estar en situación desfavorable y se garantice su viabilidad genética. El Ministerio argumenta que el crecimiento de manadas solo puede darse si el lobo recupera espacios de los que fue expulsado históricamente.
Finalmente, el Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que dejará de sufragar con 20 millones de euros anuales las indemnizaciones por daños de ataques de lobos al ganado. A partir de ahora, serán las propias comunidades autónomas con presencia de lobo las que deberán costear estos casos. No obstante, el Ministerio seguirá aportando 20 millones de euros para "mejorar la capacidad de gestión de las actividades en el medio rural en territorios donde hay presencia del lobo".
