El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha informado este sábado de que la Comisión Europea ha instado a la Comunidad a evitar “movimientos de animales que no están permitidos en la legislación de la UE”, en relación a la resolución que por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León. El Ministerio de Agricultura ya ha requerido administrativamente la retirada de esta resolución y ha recurrido judicialmente su aplicación, según un comunicado; y confía en que no llegue a aplicarse para “impedir de manera eficaz la transmisión y propagación al resto del territorio nacional”, y advierte incluso con la posible actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sivecal traslada la carta enviada por el director de Crisis Preparedness in Food, Animals and Plants (SANTE.G) de la Comisión Europea, Bernard Van Goethem, en referencia a la resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 15 de mayo.
Bernard Van Goethem insta al director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa de Lara, a “tomar las medidas apropiadas, sin demora, para proteger la salud pública y animal en la UE”. En un preámbulo, en el que informa de que tiene conocimiento de la publicación de la resolución autonómica en Castilla y León, informa que sus servicios han hecho un estudio preliminar y están “profundamente preocupados por el posible efecto de esas normas si se aplican”.
Y añade que la la resolución publicada “no es compatible con una serie de disposiciones de la UE sobre la infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis (CMTB)”, dado que “esas normas regionales autorizan movimientos de animales que no están permitidos en la legislación de la UE”.
Más concretamente, continúa el comunicado de Sivecal, la resolución autonómica “deroga determinadas pruebas obligatorias previas al desplazamiento y/o habilita los desplazamientos desde establecimientos bovinos en los que el estatus sanitario de infección con CMTB esté suspendido o retirado por resultados positivos o dudosos de las pruebas o incluso posiblemente cuando se confirmen brotes”. “Este tipo de movimiento es extremadamente peligroso ya que podría facilitar una mayor propagación de la enfermedad”, advierte la Comisión Europea.
Sivecal-Uscal recordó que ya había advertido en un comunicado anterior que esta resolución regional “parece prever un mecanismo laxo e incumplidor para restaurar el estatus libre de infección por CMTB a los establecimientos y regiones bovinos sin aplicar el régimen de pruebas prescrito en la legislación de la UE”.
Al respecto, el responsable de la Comisión Europea aclara que los “incumplimientos” de las normas pertinentes de la UE para la concesión, el mantenimiento o el restablecimiento del estatus libre de infección por CMTB “pueden dar lugar a un riesgo de propagación de la infección a otras regiones de España y a otro Estado miembro de la UE, que pondrá en peligro su estatus de libre”.
Reacción del Ministerio
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reaccionó esta misma semana al recibir el escrito de la Comisión y ha presentado un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la resolución de la Junta. En el recurso se esgrimen los mismos argumentos que constan en el informe elaborado por los nueve jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal de Castilla y León.
Asimismo, el Ministerio requirió administrativamente la retirada de la resolución y confió en que “no llegue a ponerse en práctica, porque de lo contrario, y ante la gravedad de la situación”, advirtió, debería ponerse en marcha el mecanismo preventivo recogido en la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, que permite a la Administración General del Estado, excepcionalmente y en caso de grave peligro de extensión en el territorio nacional de epizootias o zoonosis, la “adopción de medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión y propagación al resto del territorio nacional, así como a velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de aquellas, hasta el restablecimiento de la normalidad sanitaria en todo el territorio nacional, incluyendo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la autoridad que la Constitución y las leyes le otorgan”.
Finalmente, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León mostró su apoyo a los nueves jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal, que “simplemente” aplican la norma y refieren las “contradicciones” de la resolución respecto de la normativa sanitaria nacional y comunitaria.
Recordaron que estos profesionales, ni ningún otro veterinario, “está en contra de los ganaderos”. “Siempre estaremos de su lado para apoyarles e instar a todas las administraciones a contribuir con todas las medidas biosanitarias y económicas que precisen para hacer viables sus explotaciones, facilitar sus movimientos comerciales y fortalecer un sector primario al que, sin duda toda, la sociedad debe agradecer el esfuerzo que día a día llevan a cabo para abastecernos de productos alimenticios seguros y primordiales”, concluyó.
