Castilla y León, junto a otras diez comunidades autónomas —Andalucía, Cantabria, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y Madrid—, así como Ceuta y Melilla, han reclamado por carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en un plazo máximo de dos días hábiles.
Según el contenido de la carta, al que ha tenido acceso la agencia Ical, los gobiernos autonómicos firmantes exigen que en el orden del día de dicha reunión se incluyan asuntos como el reparto de fondos del plan PIMA Cambio Climático, la distribución de créditos para la conservación de especies en riesgo, y la presentación de los informes sexenales sobre el estado de los hábitats naturales, la fauna y la flora silvestres.
Los firmantes advierten que sería "ilegal" remitir el informe sexenal sobre la conservación del lobo y otras especies sin haber sido aprobado previamente en la Conferencia Sectorial, como establece la normativa vigente.
En su escrito, critican la suspensión de la Sectorial el pasado 22 de julio por parte del Ministerio, que justificó la decisión en la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Defensor del Pueblo contra la nueva ley sobre desperdicio alimentario, que también afecta al régimen de protección del lobo. Las autonomías sostienen que esa explicación no se sostiene legalmente, ya que el Constitucional no ha cuestionado el punto concreto que obliga a aprobar dichos informes en Conferencia Sectorial.
“Independientemente de la consideración del lobo como especie protegida dentro o fuera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la aprobación del informe sexenal debe seguir el cauce legal previsto”, subrayan.
Por ello, acusan al Ministerio y a la Secretaría de Estado de actuar de manera “caprichosa y arbitraria” al no convocar la Conferencia Sectorial, alterando procedimientos sin justificación válida y anticipando una posible decisión judicial que todavía no existe. A juicio de los gobiernos autonómicos, esta actuación supone una “desviación de poder” y la adopción de decisiones “a sabiendas de su injusticia”.
