Siete entidades ecologistas han formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus “presuntos vínculos” con el grupo empresarial que promueve un vertedero de residuos industriales y peligrosos en San Justo de la Vega (León).
Entre las denunciantes, se encuentran asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso o Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible, que han documentado diversas irregularidades que consideran constitutivas de delito.
Según sostienen los denunciantes en un comunicado recogido por Ical, la empresa Valorización Verde es la sociedad beneficiada por un proyecto que ha sido declarado de interés regional y de utilidad pública, lo que supone diversas ventajas para la empresa al acortarse los plazos y “reducirse exigencias y formalidades”.
Además, argumentan que Valorización Verde es una empresa cuyo accionariado venía “supuestamente controlado” por la empresa Asturianas de Laminados, en la que el hijo del consejero denunciado, Jaime Suárez-Quiñones, ostenta o ha ostentado cargos de alta dirección según obra en documentos oficiales de la propia empresa.
Estas asociaciones denuncian el claro choque de intereses producido y que presuntamente se ha podido dispensar “un trato de favor mediante la concesión de esas autorizaciones firmadas por el Consejero”.
“En muchas decisiones políticas del Consejero Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos o privados. Consideramos que los hechos demuestran que es un peligro para el medio ambiente que esta persona continúe al cargo de responsabilidades, tal y como ha quedado patente con la desorganización, desaparición y desgobierno durante la respuesta a los incendios a su cargo del pasado mes de agosto”, afirman los denunciantes.
Adicionalmente, estas entidades han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción otros hechos como que Suárez-Quiñones también haya estimado un recurso administrativo que “beneficia presuntamente al empresario a la cabeza del grupo empresarial promotor del vertedero San Justo de la Vega . “La resolución legaliza el uso de una cabaña ganadera dentro del Parque Natural de Babia y Luna, en contra del criterio del Ayuntamiento de Cabrillanes y de la propia Comisión Territorial de Urbanismo”, apuntan.
Según las entidades denunciantes, “estas decisiones adoptadas no sólo vulnerarían lo establecido en el código ético de altos cargos de la Junta, sino que pueden ser constitutivas de delito, dado que el consejero debería haberse abstenido en los expedientes en los que intervenía una empresa en la que su hijo presuntamente era un cargo directivo”.
