La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en la Comunidad, un documento que establece cómo actuar ante posibles emergencias relacionadas con la presencia o el uso de material radiactivo.
El objetivo es garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante situaciones que puedan poner en peligro a la población, los profesionales de intervención y el entorno natural, desde la aparición de fuentes radiactivas fuera de control hasta accidentes de mayor envergadura.
El plan contempla diferentes escenarios de riesgo, entre ellos el uso indebido de material radiactivo en instalaciones nucleares o en otros centros que trabajen con estas sustancias, la exposición o contaminación accidental de personas y trabajadores, así como las consecuencias derivadas del tráfico ilícito de materiales radiactivos.
Coordinación de todos los servicios de emergencia
El documento establece una estructura organizativa para coordinar a las administraciones y entidades implicadas en la gestión de una emergencia radiológica. Entre los órganos previstos figuran la dirección del plan, el comité asesor, el gabinete de información, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 y el Centro Coordinador de Emergencias.
En el ámbito operativo, se contempla la movilización de distintos grupos de acción especializados en intervención, seguridad, asistencia sanitaria, logística, apoyo técnico, asistencia social y psicológica, además de un grupo radiológico encargado de las actuaciones específicas relacionadas con este tipo de incidentes.
El dispositivo también regula la colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, así como la coordinación con otros organismos y entidades que puedan aportar medios y recursos durante una emergencia.
Protección de los intervinientes y de la población
Uno de los aspectos fundamentales del plan es establecer medidas para proteger tanto a la ciudadanía como a los profesionales que intervengan en las zonas afectadas. Para ello, se recogen procedimientos destinados a delimitar las áreas de actuación, reducir la exposición al material peligroso y garantizar una intervención segura.
Las actuaciones también incluyen la protección de los bienes materiales y del medio ambiente, así como las medidas necesarias para recuperar las zonas que pudieran resultar contaminadas.
Además, el plan incorpora un sistema de vigilancia radiológica integrado por cuatro redes: la Red de Alerta a la Radiactividad, la Red de Vigilancia Radiológica Ambiental, la Red de Estaciones Automáticas y la Red de Estaciones de Muestreo.
Durante la tramitación del documento, la Junta ha contado con la participación de distintos organismos y administraciones, entre ellos la Federación Regional de Municipios y Provincias, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y municipios con instalaciones de estas características, las delegaciones territoriales, la Delegación del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
