Efectivos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se desplazaron este jueves a Valladolid para detener al responsable del Grupo de Estupefacientes por un presunto delito de tráfico de drogas. La intervención se enmarca en una investigación que lleva tiempo en marcha y que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital vallisoletana, que mantiene las diligencias bajo secreto, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del caso.
El operativo se activó a primera hora de la mañana de este jueves y, según las primeras informaciones, culminó al menos con la detención del citado mando policial tras varios registros, algunos de ellos realizados en la propia Comisaría de Las Delicias, en la calle Gerona. Allí, un grupo de agentes —en número no inferior a seis— procedió al precintado de varias taquillas que supuestamente utilizaba el funcionario arrestado, según ha adelantado EP.
Tal y como ha informado Europa Press no han trascendido más detalles pero sí que hay, al menos, otras cuatro personas más detenidas por su presunta colaboración con el agente detenido, tanto españoles como de origen latino, presuntamente vinculadas con pisos donde se practica la prostitución.
Las mismas fuentes han apuntado que los integrantes de Asuntos Internos se encuentran ahora interrogando al resto de integrantes del grupo.
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, confirmó a Europa Press la existencia del dispositivo policial, aunque evitó aportar más información. “No sé nada más oficialmente, ni lo sé ni quiero saberlo hasta que concluya la operación”, declaró.
El detenido sería la pareja de Marta Sanz, ex-secretaria de las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos, y actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
La situación recuerda a otra intervención de Asuntos Internos en Valladolid en 2023, que terminó con la detención de una agente de la Policía Nacional, O.R.G. La funcionaria fue condenada en julio de 2024 por la Audiencia Provincial a seis años de prisión, una pena que después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León redujo a tres años y medio al absolverla del delito de descubrimiento y revelación de secretos. El TSJCyL mantuvo, sin embargo, la condena por tráfico de drogas, además de imponerle ocho años de inhabilitación y una multa de 3.300 euros.
Según recoge EP la investigación de aquel caso se inició en enero de 2023 tras recibir avisos sobre la posible actividad de la pareja en un piso de la calle Mieses. Durante cuatro meses, los agentes realizaron 68 actas de vigilancia y diversas escuchas telefónicas, que revelaron un constante trasiego de personas que entraban y salían en pocos minutos, un movimiento compatible con la compraventa de estupefacientes.
