El Foro Feminista de Castilla y León denuncia que el 12,95 por ciento de las interrupciones voluntaria del embarazo de residentes castellanos y leoneses se realiza fuera de la Comunidad y que la financiación varía por provincia. “Esto es una realidad”, sentencian.
En este sentido, indican que el recurso a la objeción, así como la derivación a centros privados, “pueden convertir un derecho en un trámite con costes añadidos (económicos, de desplazamiento, tiempo, exposición al estigma)".
La organización afirma que informes periodísticos y pronunciamientos del Ministerio muestran “tensión entre garantizar prestación pública y que comunidades mantengan predominio privado". Así, recalcan que “colectivos feministas denuncian que la objeción se usa como coartada” lo que ”reproduce la lógica de que la salud reproductiva no es un servicio pleno de la sanidad pública".
Asimismo, explican que los datos autonómicos de Castilla y León identifican diferencias provinciales y muestran que algunas provincias como Soria, “donde todas las IVE se realizaron en otras autonomíua, dependen más de centros fuera de la Comunidad”. “Esto es una forma de injusticia territorial que limita la autonomía de las mujeres”, inciden.
“Si la atención se externaliza a centros privados o no se integra con servicios de salud sexual (anticoncepción, seguimiento psicológico si se precisa), la experiencia de la persona queda fragmentada. Un enfoque feminista exige atención integral, no solo el acto clínico: acompañamiento, confidencialidad, acceso rápido y servicio sin juicios”, apelan.
