La Junta de Castilla y León priorizará que la nueva convocatoria de ayudas al alquiler vea la luz “a tiempo”, es decir, antes de que acabe el año, sobre los cambios que pactaron PP y Vox durante el último debate de política general, celebrado en junio. Entonces los antiguos socios, junto a Soria YA, aprobaron en las Cortes que se debía exigir un año de residencia legal en la Comunidad para poder solicitarlas y no haber rechazado, sin justificación, ofertas de empleo o de orientación y formación laboral.
En ‘Los Desayunos de Ical, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que su departamento está analizando si es necesario aprobar unas nuevas bases reguladoras para introducir estas nuevas condiciones en las ayudas al alquiler. En ese caso, entiende que su elaboración y tramitación podría demorar la convocatoria, por lo que están “midiendo los tiempos”, para adoptar una decisión.
“Estamos valorando si es prudente retrasar las ayudas por unos cambios que se pueden introducir en cualquier momento”, afirmó Suárez-Quiñones, quien no cerró la puerta a la posibilidad de exigir en el futuro un año de residencia antes para ser beneficiario de las ayudas o que no se haya rechazado una oferta de empleo o incluso formativa antes, como acordaron en junio PP y Vox. Todo ello, explicó, no es fácil de establecer porque requiere una serie de cuestiones técnicas y cruzar diferentes datos.
Esto, prosiguió Suárez-Quiñones en su argumentación, “no se puede improvisar”, pero tampoco puede, a su juicio, suponer un retraso para los que esperan la convocatoria de estas ayudas al alquiler. Lo mismo ocurre, dijo, con la introducción de la progresividad para modular la subvención en función de los ingresos, de los hijos menores y dependientes . “Estamos viendo también la oportunidad de hacerlo ahora o dejarlo para una nueva bases”, señaló el consejero, con el fin de aplicar “tranquilamente” en la siguiente convocatoria..
Por tanto, Vivienda parece inclinarse por publicar, como hace tradicionalmente, la convocatoria en las próximas semanas para que antes de final de año los castellanos y leoneses que cumplan los requisitos puedan presentar sus justificantes bancarios de pago. Con ello, señaló el consejero, podrán resolverlas y abonarlas en un plazo aproximado de seis meses, como ocurrió con las últimas que con 40,6 millones de euros llegaron a 18.456 beneficiarios.
“Es un éxito. Somos la única comunidad autónoma no foral que está dando las ayudas a todas las personas que las solicitan y que cumplen los requisitos", dijo Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien además recordó que en 2015, cuando llegó a la Junta, se dedicaban 2,9 millones anuales por lo que reconoció “no eran creíbles” y “nadie las solicitaba”. Además, arremetió contra las “permanentes mentiras” del PSOE, cuyos dirigentes -dijo- tienen la conciencia “intranquila” por el “fracaso” del Bono Alquiler Joven del Gobierno.
“Ustedes han inventado más ayudas redundantes a las que ya existía sin coordinarse con quien es competente y para colmo encima disfrazándolo de una mentira”, recalcó el titular de Vivienda, quien envió un aviso al Gobierno si pretende que las comunidades aporten financiación. “No pique a la puerta de otros porque eso había que haberlo hecho antes”, dijo ante la falta de “sensatez” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que afeó que su Bono dejará a tres de cada cuatro jóvenes sin la ayuda.
Sin fecha la nueva ley de vivienda
Por otra parte, la nueva ley de derecho a la vivienda, prometida en 2022 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su debate de investidura, no llegará a las Cortes a corto plazo. De momento, continúan los trabajos sobre el anteproyecto al ser una norma “compleja”, pero si “ninguna previsión” de presentarla en breve.
“Estamos trabajando en ella”, sostuvo Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien señaló que buscarán los consensos necesarios para conformar una mayoría parlamentaria que permita aprobarla. No obstante, sostuvo que si Vox tenía un planteamiento al respecto antes de salir del Gobierno, ahora debería tener “el mismo”, por lo que no sería un obstáculo para su aprobación que ahora formen parte de la oposición.
Viviendas de uso turístico, en estudio
De la misma forma, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está “explorando” y “hablando” con los alcaldes de Castilla y León sobre el impacto que tienen las viviendas de uso turístico en sus municipios. La apuesta de la Junta, según precisó Juan Carlos Suárez-Quiñones, pasa por incrementar la capacidad de actuación de los gobiernos municipales, dándoles más capacidad, lo que requiere cambios normativos.
Para Juan Carlos Suárez-Quiñones, la Comunidad no tiene un problema en este ámbito, más allá de ciudades como Salamanca o León. “No es algo que esté en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar de las preocupaciones de los ayuntamientos”, dijo por lo que hasta que no haya una demanda local para actuar, no lo harán.
