Tal y como apunta la Junta de Castilla y León, el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha intervenido este lunes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, "una deuda de más de 4.600 millones en materia de atención a la dependencia". Esta deuda se corresponde al dinero no abonado durante el periodo en el que ha incumplido su obligación de financiar el 50%.
Según explican, esto ocurre después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, "un supuesto incremento para llegar al 50 % en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal".
Además, Vázquez ha recordado que "la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50 %". No obstante, este incremento , ha explicado el consejero, "llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad".
De esta manera, tal y como ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, menos cuando el Estado continua con los presupuestos prorrogados desde 2023.
