La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León declaró “no haber sido invitada, ni siquiera informada”, por parte de la Junta, de la constitución del comité normativo que ha elaborado el documento presentado el martes. En él, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende fijar las bases y normativas para medir la calidad de los centros residenciales de la Comunidad, tal y como informó en un comunicado.
La Plataforma recordó la importancia de las familias en el control de la calidad de las residencias. “Esperamos que en el futuro se tenga en cuenta la representatividad y representación de nuestra Plataforma como interlocutor válido, así como las sugerencias que hicimos al Anteproyecto de Ley”, señaló la portavoz de la Plataforma, Ana Redondo. Igualmente, opinó que los usuarios y sus familias “son los primeros interesados, y los más afectados, en mejorar la calidad de las residencias”.
El comunicado recordó a las autoridades políticas que es su “obligación” velar por los intereses de la ciudadanía y, en estos casos, consideraron “dentro de dicha obligación que la Consejería cuente con la opinión de organizaciones sociales como la suya”. “La democracia implica participación de políticos, expertos y afectados por las normas que se han aprobado o se van a aprobar en los parlamentos”, finalizó.
