El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantendrá las paradas y servicios de las líneas estatales de autobús en los mismos términos que en la actualidad si la comunidad autónoma no acepta la segregación de los tráficos autonómicos de ese servicio. En el caso contrario, se establece un marco de financiación y una base de cálculo con criterios definidos, que se cerrarán en un convenio posterior.
Este cambio es fruto de un acuerdo alcanzado hoy sobre la Ley de Movilidad Sostenible que enfila ahora la recta final de su tramitación en el Congreso de los Diputados antes de pasar al Senado. En concreto se incorporan dos enmiendas transaccionales, lo que abre una vía para superar la oposición que existía contra el nuevo mapa concesional y esta norma por parte de autonomías como Castilla y León, que denunciaban la supresión de 346 paradas en el medio rural.
De esta forma, según informan a Ical fuentes del Ministerio de Transportes, se ha encontrado una “solución” para desbloquear el nuevo mapa concesional con un cambio en la ley de Movilidad Sostenible. En concreto, se recoge que si la comunidad no acepta la segregación de los servicios dentro de su comunidad, no se suprimirán y, por tanto, se seguirán prestando mediante las concesiones del Estado de la misma manera que en la actualidad, de acuerdo al sistema previsto en la Ley de ordenación de los Transportes Terrestres.
Por el contrario, si la comunidad acepta, se establece un sistema de financiación “claro y con criterios transparentes”, según precisan desde Transportes, pero fijados en la ley de modo que será después en la negociación con cada autonomía donde se elegirán los tráficos que se transfieren. Además, el cálculo de la financiación tendrá una base de cálculo ya establecida en la nueva normativa.
De esta manera, con el último cambio en la ley de Movilidad Sostenible, se da todavía más seguridad a las comunidades para recibir financiación por los tráficos que pasarían a gestionar, incluyendo criterios para calcular la financiación de forma “rigurosa”, pero con la suficiente flexibilidad para tener en cuenta las características específicas de cada territorio, como la densidad demográfica.
También, en cambio, se asegura que dichos fondos se van a destinar exclusivamente a financiar servicios de transporte que anteriormente estaban cubiertos por servicios de competencia estatal, dando además flexibilidad a las autonomías para elegir la tipología que consideren más conveniente.
“El Ministerio no va a dejar a ningún ciudadano sin servicio”, remarcaron desde Transportes porque si las comunidades autónomas no quieren asumir estos tráficos, que insistió son de su competencia, será el Ministerio quien los atienda, combinando el nuevo mapa concesional con los servicios que se prestan actualmente. Con ello, manifestó, que avanza en la renovación de sus servicios y puede ofrecer a los ciudades las ventajas que conlleva, como la reducción de los tiempos de viaje.
“Las paradas actuales seguirán siendo atendidas por el Ministerio”, recalaron desde Transportes, pero añadieron que se va a “combinar” estas rutas más directas que se han diseñado en el nuevo mapa con otras rutas que mantengan las paradas existentes actualmente en las concesiones estatales.
Financiación
Hasta ahora, el Ministerio siempre ha defendido que con el nuevo mapa concesional ningún ciudadano iba a perder oportunidades de viaje y ofreció financiación estatal -hasta 40 millones de euros- para que las comunidades que asumieran los tráficos intrautonómicos que se han venido prestando en las concesiones estatales.
El mapa tiene un diseño de rutas que permite ahorrar tiempo de viaje a los ciudadanos que realizan trayectos entre comunidades autónomas. De media, se estiman reducciones de unos 20 minutos por ruta, llegando en algunos casos a tres horas. También ofrecerá mejores precios, con una rebaja de en torno al 20 por ciento y mejores datos de ocupación.
