El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno. El Ejecutivo autonómico sostiene que existen "motivos jurídicos sólidos" para impugnar la norma y solicita que se declare su nulidad.
El recurso, presentado por los Servicios Jurídicos de la Junta el pasado 5 de junio, cuestiona el alcance del proceso de regularización, que el Gobierno autonómico considera "sin precedentes". Según la Junta, las previsiones iniciales del Ejecutivo central apuntaban a unos 500.000 posibles beneficiarios, aunque las estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta alrededor de 1,1 millones de personas.
Entre los argumentos expuestos, la Junta considera que el decreto rompe con los criterios seguidos en anteriores procesos de regularización al flexibilizar los requisitos para acceder a la residencia, especialmente en lo relativo a la acreditación documental y a los antecedentes penales.
Además, el Ejecutivo autonómico critica que las comunidades autónomas no hayan participado en la elaboración de la norma, pese a que, asegura, serán las encargadas de asumir el impacto que pueda tener en ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La Junta también sostiene que el Real Decreto podría ser incompatible con el marco europeo en materia de política migratoria y control de fronteras, al considerar que puede favorecer procesos de regularización de gran alcance.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido que la impugnación está respaldada por fundamentos jurídicos suficientes y ha mostrado su confianza en que el Tribunal Supremo analice el fondo del asunto y resuelva sobre la legalidad del decreto durante la tramitación del procedimiento.
