La Junta de Castilla y León ha actualizado su paquete de medidas urgentes, elevando el presupuesto total estimado a 345,8 millones de euros. Este plan, compuesto por 28 iniciativas estructuradas en siete bloques estratégicos, busca paliar el fuerte encarecimiento del gas y el petróleo, mitigar la inflación en los insumos de producción y amortiguar la inestabilidad del mercado provocada por los conflictos bélicos en Oriente Medio y Ucrania. El programa tiene como beneficiarios principales a familias, autónomos, empresas y al sector primario.
El grueso de la inversión se destina al alivio fiscal y financiero de la comunidad. El bloque de reducción de la fiscalidad autonómica aumenta hasta los 164,5 millones de euros, asumiendo la Junta el 62,5 % del impacto total de las rebajas del IVA energético, la electricidad y los hidrocarburos en la región. Asimismo, se inyectan 113 millones de euros en medidas de financiación para el tejido empresarial y agrario, destacando líneas de avales de hasta 750.000 euros, carencias en préstamos de reindustrialización y el incremento al 25 % en la bonificación de seguros para jóvenes agricultores.
El resto del presupuesto refuerza sectores clave y la protección social. Las ayudas a la eficiencia y ahorro energético contarán con 33,3 millones de euros para impulsar el autoconsumo y el uso de biomasa forestal, mientras que la partida para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos sube a 15 millones. Por último, se destinan 12 millones de euros a potenciar el transporte público colectivo (rutas Buscyl), 7 millones a la empleabilidad en sectores tecnológicos y estratégicos, y 1 millón de euros a bonos de urgencia social para familias vulnerables. El plan se mantiene como un documento abierto y flexible ante la evolución del escenario económico.
