El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las plataformas ‘on line’ la existencia de 1.357 viviendas turísticas y temporales ilegales en Castilla y León para que retiren sus anuncios. Se trata de casas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.
España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. Desde el pasado mes de julio, es obligatorio dicho código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.
De las 412.253 solicitudes de registro en toda España, de las cuales 320.620 (78 por ciento) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22 por ciento) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada. A nivel nacional, se han notificado 86.275 pisos turísticos y temporada ilegales a las plataformas digitales para la retirada de los anuncios.
Un comunicado del Ministerio señaló que la “gran anomalía” en ese ámbito es la Comunidad de Madrid, donde el 83 por ciento de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377 de alojamientos turísticos.
Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).
Vivienda subrayó que el registro obligatorio de alojamientos de corta duración busca perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estos pisos se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. “Se busca preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos”, añadió.
