La preocupante situación epidemiológica provocada por el coronavirus hace necesaria la adopción continua de medidas encaminadas a proteger la salud de los colectivos más vulnerables (personas mayores y personas con discapacidad) así como de los trabajadores que los atienden. Precisamente, para lograr ese fin la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, ha destinado desde el pasado mes de mayo, una partida de casi cinco millones de euros lo que ha permitido la adquisición de guantes de nitrilo (3.213.000 unidades), guantes de vinilo (7.000.000 unidades), mascarillas quirúrgicas (1.168.000 unidades), mascarillas FFP2 (1.100.500 unidades) y batas (224.000 unidades).
En la provincia de Salamanca se han distribuido 4.650 batas, 123.000 mascarillas quirúrgicas, 35.832 mascarillas FFP2, 219.540 guantes de nitrilo y 478.000 guantes de vinilo. En este momento están en reparto 22.000 mascarillas quirúrgicas, 62.500 mascarillas FFP2 y 4.800 batas.
Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con la Consejería de Sanidad, está desarrollando en la actualidad cribados periódicos a residentes y trabajadores de los centros de personas mayores de Castilla y León, tanto públicos como privados, conscientes de la importancia que tiene la detección precoz de los casos por Covid-19, como uno de los puntos clave para controlar la transmisión de la enfermedad. Así, a través de la Gerencia de Servicios Sociales se van a realizar cribados periódicos, comenzando por un primer cribado con test serológicos rápidos de anticuerpos a trabajadores y a residentes para, con posterioridad, realizar pruebas con test de detección de antígenos de SARS-COV-2. De hecho, la Gerencia facilitará a los centros residenciales de personas mayores los test necesarios para la realización de los mismos y las personas que hayan tenido una infección confirmada y resuelta por SARS-COV-2 los tres meses anteriores, estarán exentos del cribado.
Para realizar dicho control, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con casi 65.000 test serológicos y otros 190.000 test de antígenos, repartidos en las nueve provincias de la Comunidad. En Salamanca se han distribuido entre los centros residenciales 9.951 test serológicos y 28.918 test de antígenos.
Además, la Gerencia de Servicios Sociales recuerda que los resultados del test deben ser incorporados a la historia clínica de los residentes y en el caso de los trabajadores, los resultados serán comunicados a éstos de manera fehaciente (mediante email, informe escrito por parte de quien realiza la prueba u otros medios). El trabajador deberá comunicar su resultado a su médico de cabecera y al SPRL correspondiente, para su inclusión en la historia clínica.
Con el objetivo de proteger tanto a los mayores como a los trabajadores, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León seguirá garantizando que todo el personal de los centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad, centros de menores y viviendas tuteladas dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, dispone de los Equipos de Protección Individual necesarios, adecuados a la actividad que desempeñan y al riesgo al que se exponen.
Desde la Gerencia de Servicios Sociales se están adoptando todas las medidas necesarias para proteger la salud e integridad física de empleados y usuarios de centros residenciales de personas mayores de Castilla y León, siempre respetando sus derechos fundamentales. Asimismo, recuerda que las pautas establecidas en la Guía de actuaciones para las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad durante la situación de riesgo sanitario por Covid-19 en la Comunidad, se va actualizando en función de la evolución de la pandemia y de la situación epidemiológica de la Comunidad y de los centros.
Finalmente, la Junta de Castilla y León apela a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar la propagación del virus, también dentro de las propias residencias, con el objetivo de proteger a nuestros mayores que conforman en estos momentos uno de los colectivos más vulnerables.
