Este martes, 29 de enero, entra en vigor el cambio de velocidad máxima en carreteras convencionales, de manera que los turismos, las motocicletas y los autobuses con cinturones han de ir por debajo de 90 kilómetros por hora (hasta ahora el límite estaba en 100 km/h). Por su parte, los autobuses sin cinturones, el transporte escolar, las caravanas, los camiones y las furgonetas, deberán circular a menos de 80. Por otra parte, las vías sin pavimentar tendrán un límite de velocidad máximo de 30km/h.
A pesar de que desde los años 80 en España el límite de velocidad estaba fijado en 100 y 90 km/h para turismos y motocicletas, dependiendo de la condición de la vía, la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Por aquel entonces, el número de kilómetros de vías de alta capacidad era insignificante y el límite de velocidad tenía el objetivo de mejorar la fluidez de la circulación.
Sin embargo, hoy en día la situación es muy diferente, ya que las carreteras convencionales ya no tienen como prioridad aumentar la fluidez de la circulación en general, sino conectar personas y transportar mercancías en un radio de acción más próximo.
Tal y como explica el Real Decreto 1514/2018, es en este tipo de vías en las que tiene lugar el 75% de accidentes con víctimas, y la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los casos. Es por ello que, teniendo en cuenta la tendencia al alza en cuanto al número de víctimas, la medida viene dada con un objetivo clave: reducirlas.
Cambios de los últimos años
No es el único cambio que ha tenido lugar en los últimos años, ya que en febrero de 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la reducción de la velocidad en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. La medida fue polémica, ya que se argumentaban razones de ahorro energético, debido al aumento del coste del barril de petróleo.
Sin embargo, a pesar de haberse aplicado en marzo de ese mismo año, unos meses más tarde, en julio el Gobierno dejó sin efecto la medida volviendo a los 120 kilómetros por hora, razonando que el precio del barril había bajado y dejando tras de sí un gasto de 230.000 euros por el cambio de las señales verticales del límite de velocidad.
Poco más tarde, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy propuso la posibilidad de aumentar la velocidad máxima hasta los 130 km/h en los tramos que reunieran unas determinadas condiciones en función de la siniestralidad, las características de la vía o las condiciones climatológicas. Sin embargo, este borrador no llegó a concluir su tramitación y se quedó estancado.
