El séptimo informe ?El Estado de la pobreza y exclusión social? emitido recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social cifraba en cerca al 31% (concretamente, el 30,8%) el porcentaje de población en edad laboral que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social en España.
Estos datos, extrapolados a la provincia de Salamanca, significan que cerca de un tercio de los charros estarían en riesgo de asumir tal condición según la tasa Arope (por sus siglas en inglés, ?at risk of poverty and/or exclusión?, en castellano ?en riesgo de pobreza y/o exclusión), el indicador europeo que mide este riesgo.
Una cifra significativa que sigue siendo muy alta y muy preocupante, lo cual da lugar a una sociedad cada vez más vulnerable, puesto que hace tan sólo tres años eran poco más del 20% de los charros los que se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social.
Llama también la atención el elevado porcentaje de población de entre 16 y 29 años y entre 45 y 64 años que se encuentra en situación Arope: un 37,6% y un 30,5%, respectivamente, frente al 27,1% de las personas entre 30 y 44 años.
Vivir en un hogar con una renta inferior a la pobreza o no poder pagar algunos gastos básicos, algunos de los criterios de la tasa Arope
Como recuerda la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, para ser una persona en riesgo de pobreza y exclusión según la tasa Arope se deben cumplir con, al menos, uno de los siguientes criterios.
El más común es vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de la renta nacional, fijada en 2016 en 684 euros mensuales). También puede darse por estar en privación material severa, no pudiendo afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil.
Asimismo, se puede estar en riesgo de exclusión y pobreza por vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo (inferior a 0,2), definida como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar y el número total de meses que podrían trabajar, como máximo, todas las personas en edad laboral de dicho hogar.
Pese a que sólo es necesario cumplir uno de estos criterios, normalmente los tres van juntos de la mano, y no son pocos los hogares salmantinos en los que se dar, al menos uno de ellos.
Muchas de estas situaciones vienen motivadas a raíz de la crisis, cuando se destruyó un gran número de trabajo, dando a una cantidad ingente de desempleo y paro de larga duración. También a una gran precariedad laboral y a una situación de irregularidad en el trabajo que son los principales responsables de que las familias tengan que subsistir con ingresos inferiores al umbral de la pobreza o que no puedan afrontar gastos básicos.
