El 35,4 por ciento del parque automovilístico de Castilla y León no ha dispuesto de ningún distintivo medioambiental que ha emitido la Dirección General de Tráfico, según ha informado Faconauto, patronal que ha integrado a las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, vehículos industriales y de maquinaria agrícola. Ese porcentaje ha englobado principalmente a los vehículos más antiguos y menos eficientes.
Por su parte, la etiqueta B y la etiqueta C, han copado el 34,11 por ciento y el 27,61 por ciento del total de turismos castellanos y leoneses, respectivamente, con 462.412 y 374.161 vehículos en cada caso.
El menor porcentaje de penetración se ha encontrado en las tecnologías más eficientes y en los coches más jóvenes. Así, los vehículos con la etiqueta Cero han representado sólo el 0,36 por ciento del parque castellano y leonés, con 4.922, mientras que los etiqueta ECO ha alcanzado el 2,51 por ciento, con 34.096.
Por provincias, el mayor ratio de coches sin etiqueta medioambiental se han encontrado en Zamora, con el 40,9%, seguida por Ávila con el 29,3%, León con el 38,4%, Palencia con el 37,3%, Segovia con el 36,4%, Salamanca con el 36%, Soria con el 34,8%, Burgos con el 33% y Valladolid, con el 29,5%.
Por otra parte, Faconauto también ha analizado la evolución de la edad media del parque automovilístico de Castilla y León, el cual, y a lo largo del pasado año 2022, se ha situado en los 15,7 años de antigüedad, claramente por encima de la media nacional, que está en los 13,9 años. La debilidad del mercado y la consecuente crisis de matriculaciones, ha arrastrado desde la pandemia por los problemas de stock y un contexto de consumo desfavorable, ha estado ralentizando el cambio de vehículo tanto por particulares y familias como por flotas y empresas, de tal forma que la calidad de parque automovilístico ha ido empeorando.
En un comunicado recogido por Ical, Faconauto ha considerado que un replanteamiento de las medidas fiscales vinculadas a la movilidad de la ciudadanía sería un elemento dinamizador eficaz y con un impacto directo positivo en los objetivos de descarbonización. Al respecto, ha propuesto, entre otras medidas, la exención del IRPF de las ayudas públicas; avanzar, aun conociendo la normativa actual, hacia una deducción total del IVA de los vehículos electrificados o establecer, al menos, un porcentaje lo más amplio posible; o la deducción del Impuesto de Sociedades del 10 por ciento sobre las inversiones que ha realizado para la compra de vehículos industriales y comerciales.
