Los adolescentes españoles son conscientes de los distintos tipos de desigualdad y de sus implicaciones. Casi la mitad afirma que intentaría buscar un futuro mejor en otro país si hubiera nacido en un lugar con menos oportunidades que España. Más de un tercio cree que la crisis que vivimos retrasará varios años el objetivo de terminar con la pobreza en el mundo. Y un 47,2% considera que se les ha juzgado injustamente durante la pandemia.
Son datos extraídos de una encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS a 1.150 alumnos de Secundaria como parte del Programa de Educación en Valores Párate a pensar, a través del cual más de 150.000 estudiantes han trabajado sobre tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: la solidaridad con aquellos que sufren la pobreza, la desigualdad y la injusticia.
Aldeas Infantiles SOS lleva 17 años difundiendo la educación en valores en los centros de Educación Secundaria. Tras ofrecer el año pasado una visión general de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a lo largo de este curso 2020-2021 la organización de atención directa a la infancia ha llevado a las aulas la solidaridad con aquellos que sufren la pobreza (ODS 1), la desigualdad (ODS 10) y la injusticia (ODS 16). Finalizado el año escolar, una muestra de 1.150 estudiantes han contestado a una encuesta que ilustra su visión del momento que les ha tocado vivir.
Los adolescentes creen que la pobreza se debe, sobre todo, a la falta de trabajo (así lo afirma el 63%), seguida de la falta de ayudas (29,7%), de haber nacido ya en esas condiciones (28,6%) y de carecer de educación, imprescindible para conseguir un empleo (26,1%).
Un tercio de los encuestados considera que erradicar la pobreza es un objetivo muy difícil de conseguir o que no se conseguirá nunca. El 34% opina que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 retrasará varios años su consecución, mientras que un 21,9% cree que es posible alcanzarlo a tiempo si se cuenta con la ayuda suficiente.
En cuanto a las consecuencias que la crisis socioeconómica que vivimos ha tenido en sus propias familias, el 39,1% sostiene que se han mantenido igual y un 30,2% que se han visto afectadas por ERTE o pérdidas de empleo principalmente. Un 17,1% reconoce no saber cómo va la economía familiar y un 6,9% asegura que su situación ha mejorado.
Desigualdad e injusticia
Preguntados por su idea de desigualdad, los jóvenes entienden que viene determinada por una mezcla de factores económicos, culturales, de género y de oportunidades. No obstante, hacen hincapié en la diferencia de oportunidades (27%) y en las económicas (20,9%) como las causas principales de la desigualdad.
Casi la mitad de ellos (48%) afirma que, si hubieran nacido en un país con menos oportunidades que España, intentaría marcharse a otro mejor, solidarizándose con los millones de personas migrantes en el mundo. Un 22,5% dice que intentaría cambiar las cosas en su país desde dentro y un 13,3% que aguantaría con la situación heredada.
La situación que ellos mismos han vivido respecto al uso de medios telemáticos para continuar con las clases durante el confinamiento es percibida más como algo negativo que positivo, aludiendo a que favorece la falta de atención en las materias (49.7%) y resulta discriminador para quien no cuenta con medios a su alcance (41,2%). La parte positiva, para quien no tiene que saltar la brecha digital, es que así se asegura la continuidad de la formación (37,8%) y se mantiene el contacto social (21,4%).
Cuando se trata de valorar el trato que han recibido los adolescentes durante la pandemia, la queja principal expresada por el 47,2% de los participantes es que se les ha juzgado a todos mal y por el mismo rasero, algo que consideran injusto. No obstante, un 30,6% se ha sentido bien tratado.
La encuesta aborda los niveles de confianza de los chicos y chicas tras la complejidad de la época vivida en el último año. Una gran mayoría concluye que quienes merecen toda su confianza son sus familias, obteniendo un 9 sobre 10, seguidas de sus centros educativos y las ONG (7), sus comunidades autónomas (6), sus ayuntamientos y el Gobierno central (5). No suspenden a nadie.
