Los ingresos en los centros residenciales de Castilla y León rondan el medio millar desde que la Junta aprobara en Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril el levantamiento de las restricciones de acceso a las personas no dependientes, después de comprobar el elevado volumen de individuos vacunados contra el COVID-19, la eficacia del proceso de inmunización y la reducción casi total de contagios.
La Comunidad cuenta con 1.214 dispositivos entre las casi 700 residencias de mayores, los centros de personas con discapacidad y las viviendas tuteladas que en la actualidad, a fecha del pasado jueves, sumaban un total de 42.016 usuarios frente a los 41.595 contabilizados el 22 de abril. Es decir, 421 más, pese a que en ese periodo se confirmaron 408 personas fallecidas en este tipo de centros por cualquier causa.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no diferencia en la información con datos del coronavirus que envía de forma periódica el número de usuarios en estas instalaciones por residencias de mayores, centros de discapacidad y viviendas tuteladas, aunque los dispositivos que atienden a ancianos suponen casi el 60 por ciento del total y atienden al grueso de las personas residentes de la Comunidad.
En cambio, sí es posible ver la evolución de la cifra de personas que vive en las 15 residencias de mayores propias de la Junta, que gestionan a través de la Gerencia regional de Servicios Sociales. El dato de residentes el 22 de abril, fecha en que se levantaron las restricciones de acceso, era de 1.943 y ahora asciende a 1.989. Por lo tanto, son casi medio centenar más.
La consejera de Familia, Isabel Blanco, ya reconoció que muchas personas y posibles usuarios eran reticentes a entrar, de momento, en una residencia por miedo", por lo que el ritmo de ingresos sería paulatino y lento. De esta manera, los centros pueden tardar varias semanas, e incluso meses, hasta cubrir las plazas vacantes, sobre todo las de grandes dimensiones.
Pese a ser consciente de este temor, la consejera apuntó durante una visita reciente al centro Los Royales de Soria, propiedad de la Junta, que, en la actualidad, estos centros eran muy seguros para los residentes, tras un año "muy difícil", en el que la imagen de ese tipo de instalaciones había quedado afectada.
En concreto, puso el ejemplo de la residencia pública de la capital soriana, que fue una de las que atravesó graves problemas durante la pandemia del COVID-19, hasta el punto que casi una de cada tres plazas de las 195 disponibles quedó vacante. Ahora, y según el último recuento de la Junta, ya cuenta con 154 usuarios.
Un incremento que, entre otras cosas, viene marcado por la inmunización de las personas mayores que están en las residencias, después de que las vacunas hayan llegado al 97,4 por ciento de los residentes en la Comunidad. El restante 2,5 por ciento se corresponde con los casos de personas que no pudieron ser vacunados por estar enfermas, por criterios médicos, por no encontrarse en el centro en el momento de la inoculación o por que han ingresado recientemente.
En cuanto a los trabajadores, la ratio de vacunados se eleva al 89,5 por ciento, después de que un 6,3 por ciento rechazara la administración de las dosis, mientras que el restante 4,2 por ciento no ha podido recibirlas por criterios clínicos, por encontrarse de baja laboral o porque acababan de incorporarse a su puesto de trabajo.
Flexibilización de medidas
Blanco valoró la apuesta de la Junta por una política "responsable" y "prudente" para hacer frente a la pandemia en la flexibilización progresiva de medidas relativas al funcionamiento de las residencias y los centros de día públicos y privados de personas mayores y con discapacidad. El objetivo, sentenció, ha sido conjugar la protección y atención a los más vulnerables con su seguridad y la de los profesionales volcados en la prestación de los servicios.
De esta manera, recordó que estos recursos han prestado cobertura a personas en situación de prioridad o desamparo social. En febrero, una vez completado el proceso de vacunación, se autorizaron ingresos de grandes dependientes (con grados II y III). Y, desde marzo, se permite el acceso de residentes con cualquier grado de dependencia y el retorno a los centros de quienes durante la emergencia sanitaria habían permanecido en sus domicilios. Posteriormente, a finales de abril se permitió el acceso de las personas no dependientes, además de la eliminación de la obligatoriedad de realizar actividades en ‘grupos burbuja’ de hasta cinco participantes en los centros de día para mayores y usuarios con discapacidad.
