Casi nueve de cada diez personas con discapacidad física y orgánica en España no acceden a servicios de rehabilitación a través del sistema sanitario público. Así lo revelan dos informes publicados por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), que han lanzado la campaña #SumandoCuidados para visibilizar las desigualdades que enfrenta este colectivo en el ámbito de la salud.
Según los estudios, titulados “Informe sombra sobre la brecha de derechos en salud” y “Factores condicionantes del acceso a tratamientos adecuados”, las personas con discapacidad encuentran barreras tanto físicas como digitales, sufren desigualdades territoriales, enfrentan copagos elevados y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales como la salud mental o la continuidad asistencial. Además, un 10 % afirma haberse sentido discriminado en el ámbito sanitario.
Las cifras son contundentes: el 84,7 % de las personas encuestadas no recibe rehabilitación por ninguna vía y el 88,5 % no accede a apoyo psicoterapéutico. A ello se suman los altos costes de medicamentos esenciales, especialmente en casos de enfermedades raras o crónicas, que suponen una carga económica inasumible para muchas familias.
“No se puede hablar de un sistema sanitario justo si seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos que necesitamos”, ha declarado Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, quien reclama una transformación urgente del sistema sanitario para que cumpla con los principios de accesibilidad, equidad, calidad y universalidad establecidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, Eva Pérez Bech, presidenta de FNETH, ha calificado de “inaceptable” la realidad que viven miles de personas con discapacidad. “Necesitamos una sanidad centrada en las personas, que garantice el derecho efectivo a los tratamientos”, ha subrayado.
Entre las medidas propuestas por ambas organizaciones destacan la eliminación de barreras arquitectónicas y digitales en centros de salud, la equidad territorial en el acceso a servicios, el refuerzo de la atención a la salud mental, la asequibilidad de los tratamientos y una formación adecuada del personal sanitario en atención inclusiva.
La campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y busca impulsar un cambio que ponga a las personas con discapacidad en el centro del sistema sanitario.
