Este miércoles el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una de las medidas más comentadas durante esta semana: la gratuidad en el transporte urbano e interurbano para todas las personas empadronadas en Castilla y León.
Una medida que llega en la provincia de Salamanca con un problema instaurado y que afecta a la principal parte necesaria para llevar a cabo de forma efectiva la aplicación fluida de esa nueva medida: los conductores.
Y es que la situación de los trabajadores de transporte de viajeros por carretera de Salamanca no es la mejor actualmente. Se encuentran inmersos en la negociación de un nuevo convenio colectivo con el que piden condiciones que son normales y reales en la mayoría de los trabajos, pero que ellos se están encontrando con una absoluta negativa de la patronal: “tenemos uno de los peores convenios, sino el peor, de toda Castilla y León”.
La mesa de negociación se ha reunido ya en dos ocasiones y lo hará una tercera el miércoles 3 de abril. En esta última los trabajadores esperan que la situación y la actitud cambie, puesto que hasta el momento han recibido un “no a todo”. Advierten, eso sí, que habrá parones si no se llega a un acuerdo.
“La situación no puede ser más negativa”
El Comité de Empresa de Avanza, sociedad de transporte con el mayor número de trabajadores en Salamanca, lo componen representantes de CCOO y UGT y forma parte en la negociación integrados en AESBUS, dependiente de CEOE CEPYME Salamanca, y en ella también se incluye el resto de las empresas de transportes de pasajeros de Salamanca: Hermanos Martín, El Pilar, La Armuña…
Este comité, que se ha convertido en el más activo y crítico con la injusta situación que viven actualmente, se muestra disgustado por la actitud y las respuestas que han obtenido de las dos primeras reuniones, donde han percibido una absoluta pasividad.
“La situación más negativa no puede ser”, admiten a declaraciones a Salamanca24horas, y eso que las condiciones del nuevo convenio que intentan acordar no son ni mucho menos descabelladas.
Lo cierto es que la negociación no ha ido más allá de uno de los primeros puntos, donde piden que los salarios se incrementen un 4 % al año durante 2025, 2026 y 2027. “Solo queremos recuperar el poder adquisitivo para ponernos al día y sin grandes subidas”, aseguran.
Sin embargo, ese 4 % a la patronal le ha parecido una “bravuconada” y solo se han ofrecido a hablar, que no a pactar, por la mitad, algo que no están dispuestos a acordar: “Actualmente el SMI está por encima de nuestro salario”.
Además de esa subida salarial para contrarrestar el enorme incremento del precio de la vida, todavía “estamos esperando que nos paguen los atrasos desde enero de 2024, algo que estaba firmado que nos iban a pagar y no está ni publicado en el BOE”. Estos atrasos, corresponden a un convenio anterior que contenía una cláusula para compensar subidas del IPC, algo que supondría unos 200 euros, aproximadamente, que se le debe a cada trabajador.
Por otro lado, sienten que no tienen “reconocida la profesionalidad. Si se relaciona con otros trabajos que sí la tienen, que conllevan menos riesgos y que no tienen la responsabilidad de llevar personas, es una vergüenza”.
Además del incremento salarial y el pago de los atrasos, solicitan que se les reconozcan otros derechos como dos días seguidos de descanso, que las horas nocturnas se retribuyan como complemento del 50 % del salario base, adecuar los permisos retribuidos a la nueva normativa, aumentar en un día lo asuntos propios, o que los festivos que coincidan con descansos o vacaciones no se consideren disfrutados.
Derechos que disfrutan la mayoría de los trabajadores de Salamanca, pero que para los conductores de transporte de viajeros por carretera de la provincia está siendo algo muy complicado de negociar.
Esperan que en la tercera reunión que tienen la próxima semana la actitud y la predisposición cambie, si no están decididos a iniciar parones que presumiblemente coincidirían con la época de exámenes: “no queremos ni ir contra la empresa ni afectar a la población, pero “tenemos que pedir lo que consideramos justo para nosotros”, concluyen.
