La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha acusado a la Junta y a los sindicatos del Diálogo Social de “abandonar a su suerte y dejar en manos de la empresa privada el futuro” del servicio público del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (OPEIF).
El sindicato independiente denuncia que “se han olvidado” de los intereses de ese colectivo de empleados públicos, especialmente de los fijos-discontinuos, al firmar en el ámbito del Diálogo Social un “nefasto acuerdo” sobre el servicio público de prevención y extinción de incendios forestales, cuando ese foro del Diálogo Social no tiene competencias para aplicar ese acuerdo.
CSIF advierte que lo recurrirá cuando “antes o después se trate en la mesa de negociación de la Junta, en la que sí está CSIF, la organización sindical más representativo del empleado público”. Se da la circunstancia de que, “incomprensiblemente, una obsoleta e interesada ley sindical deja al tercer sindicato nacional fuera del Diálogo Social”, apunta.
“Una vez más se ha producido un apropiamiento intolerable de competencias por parte del Diálogo Social, con la complicidad de la Junta, ya que cualquier negociación o acuerdo sobre las condiciones laborales de los empleados públicos que no pase por la Mesa General quedará anulado”, recalca CSIF.
CSIF afirma que el acuerdo del Diálogo Social sobre extinción de incendios “deja sin ninguna mejora laboral a la mitad de los más de 750 trabajadores públicos del operativo antiincendios forestales, como es el personal de vigilancia de torretas o centros provinciales de mando. Asimismo, el acuerdo no incluye la figura del bombero forestal, que ya está reconocido en casi todas las comunidades autónomas, que la Junta sigue sin crear y que es una prioridad reivindicativa para nuestro sindicato independiente”.
Las comunidades que disponen de la figura del bombero forestal tienen periodos de prestación que, en muchos casos, abarcan todo el año; y con planificación de labores de prevención cuando no existe una peligrosidad alta, para que luego se puedan evitar incendios o su rápida expansión, continúa CSIF.
CSIF critica que de los 18 millones públicos que la Junta va a dar al Diálogo Social, conforme al acuerdo alcanzado en febrero de 2018, el 70% va a la empresa privada, “lo que conlleva que los trabajadores de las empresas privadas del operativo antiincendios tengan periodos de prestación muy por encima de los empleados públicos fijos-discontinuos que no llegan a 6 meses. CSIF siempre defenderá un operativo profesional, estable, con continuidad y de empleados públicos”, remarca el sindicato independiente.
Toda la cuantía prevista se destina a conductores y peones de motobombas, lamenta CSIF, incrementando las diferencias con el resto del personal. “Se invierte solamente en extinción y nada en prevención”, concluye CSIF. “Tampoco mejoran colectivos como agentes medioambientales y forestales, celadores de medio ambiente, conductores y técnicos, lo que requiere la imperiosa necesidad de revisar y negociar un nuevo decreto de guardias o su reforma”, añade.
