Los fenómenos de bullying, cyberbullying y otros tipos de violencia en el ámbito escolar fueron días atrás tratados en un debate en el Colegio de Abogados desde los puntos de vista policial, psicológico, educativo, jurídico y familiar. Entre las conclusiones, la prevención como mejor arma contra la multiplicación de casos que se está produciendo
Según datos de la Fiscalía de Menores, en 2016 atendieron 19 casos, de los que 17 fueron archivados por diferentes razones, uno está a la espera de juicio y el otro caso se ha resuelto con cuatro personas condenadas. Uno de los problemas añadidos al acoso escolar es el descenso en la edad de las víctimas. “Acabo de recibir un caso de una niña con 5 años y otro con 8 años. Algo que a mí me duele mucho es que los protocolos están basados en unos perfiles que no corresponden a la realidad. No son niños de familias desestructuradas, ni son niños con baja autoestima. Simplemente, el modelo ha cambiado y hay que rehacer el protocolo de nuevo”, ha sugerido.
En este sentido, considera que la clave para invertir la tendencia en el número de casos es la prevención. “Cuando los protocolos se ponen en marcha, ya es tarde. Entonces, la clave es la prevención y la educación en todos los ámbitos: que los niños sepan que sus acciones tienen consecuencias y deben de tenerlas, tengan la edad que tengan; que los padres sean conscientes de lo que tienen en casa y de cómo de educa y, por supuesto, que si tú cedes la patria potestad durante cinco horas diarias de lunes a viernes a un colegio también lo tengan en cuenta”, ha concluido.
Al respecto, desde el punto de vista del ámbito jurídico, el abogado Alejandro Miguel Pérez de la Sota mantiene que existen muchas necesidades por cubrir desde la legislación y que además falta diligencia en la aplicación de la Ley. “Tiene que haber un cambio desde la parte social. Al fin y al cabo el Derecho no es más que el reflejo de lo que quiere la sociedad. Sin embargo, ahora mismo la legislación y sobre todo la aplicación de la legislación es bastante floja en esta materia. Es necesaria una legislación mucho más centrada en la realidad actual, no solo en la forma salvaje que está adquiriendo este fenómeno, sino en las nuevas formas que está tomando y sobre todo en el gran número de casos que se ven y sus desgraciadas consecuencias”.
En este sentido, Pérez de la Sota considera que hay que reforzar la aplicación de la legislación por parte de los responsables, “especialmente la Fiscalía de Menores”, y sugiere que podría rebajarse la edad legar para imputar delitos. “Nosotros hablamos en todo caso de delitos cometidos por menores, pero mayores de 14 años. Lo que hay que preguntarse es si los 14 años es una edad suficiente o hay que plantearse reducirla. No seríamos, ni mucho menos, un país pionero en rebajar esa edad. Es el caso de Inglaterra y Gales que está en 10 años por los casos que tenían de acoso escolar y violencia juvenil. Les hicieron plantearse que realmente niños con 12 o 13 años sí que podían estar comportándose como mayores a efectos legales, con actos tan graves como causar la muerte o lesiones irreversibles”, ha advertido.
