La promotora Construcciones y Promociones Arsenio’s S.A. ha presentado este lunes, 14 de diciembre, en el Ayuntamiento de Salamanca, sendos informes de dos reconocidos especialistas, uno en Derecho Urbanístico y otro en Derecho Penal, en el que, afirma, concretan "los riesgos normativos penales que podrían materializarse si se avanza en la Orden de Ejecución de obras de conservación del edificio ubicado en el número 36 de la avenida de Italia —el caserón neobarroco— que fue dictada por la Alcaldía".
Según indica la promotora en un comunicado remitido a los medios de comunicación salmantinos, la propiedad ha querido poner en conocimiento del alcalde de Salamanca las "graves consecuencias jurídicas" que se derivarían de la orden contraria al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el PGOU de Salamanca, que permite la demolición del edificio y, por tanto, la no asunción de coste alguno por la Corporación en relación al mismo, solución ya valorada como posible, legal y muy conveniente tanto por la Comisión Técnico-Artística como la Comisión de Fomento y Patrimonio desde el año 2018.
El inmueble, construido en 1926 de estilo neobarroco, ya en 2015 se encontraba en estado ruinoso, por lo que en 2018 la Comisión Técnico-Artística y la Comisión de Fomento del Ayuntamiento consideraron como la mejor solución su demolición y reconstrucción (restitución tipológica en términos del PGOU), obras, eso si, que deberían ser sufragadas íntegramente por la propiedad. Sin embargo, declarada judicialmente la ruina en 2019 y para ejecutar esa sentencia, la alcaldía ordenó como solución en lugar de lo anterior, el desarrollo de unas obras de conservación de la ruina que implican que sea el Ayuntamiento el que deba asumir los costes de estas, "obras que podrían alcanzar el millón de euros y que en ningún caso garantizan la estabilidad final del inmueble", según el comunicado de la promotora.
"Y es que el edificio, además de presentar un estado ruinoso, está construido a tres metros sobre la rasante de la calle, asentado en un terreno arenoso arcilloso y con la existencia bajo rasante de bolsas de agua, las cuales comprometen su estabilidad. Con estos conocimientos, acreditados en los informes geotécnicos solicitados por la propiedad, la promotora presentó al Ayuntamiento ya en 2018 la solución más razonable: la restitución tipológica integral del edificio".
A esa solución, dicen, le dieron el visto bueno de la Comisión Técnico Artística y la Comisión de Fomento del Ayuntamiento, "y con la misma quedaban subsanados todos los problemas que presenta el edificio, en especial su muy deficiente cimentación. El aspecto exterior del nuevo edificio sería idéntico al original, salvaguardando todos los valores catalogados y se garantizaba que el edificio cumpliría con el Código Técnico de la Edificación y, además, con la construcción de los sótanos de garaje se aminoraba, en parte, el déficit de plazas de garaje en la zona, las cuales son muy demandadas por los vecinos", explican.
Sin embargo, ahora afirman "no entender la posición del Ayuntamiento de Salamanca", ya que pese a que es "un proyecto acorde a la normativa y que ahorraría dinero al consistorio,y por ende a los salmantinos, y daría vida a un tramo que lleva décadas abandonado", la alcaldía "obligaría" al Consistorio a asumir costes "totalmente innecesarios" por importe que puede alcanzar el millón de euros. "El sentido común nos apunta que avanzar por esa vía no puede ser conforme a derecho y los especialistas lo valoran desde las previsiones del delito de malversación, en su modalidad de administración desleal agravada de patrimonio público; queremos entender que es algo que no puede ser la voluntad del Consistorio”, explica José Luis Sánchez de Construcciones y Promociones Arsenio’s S.A.
La historia del caserón de la avenida de Italia
El caserón de la avenida de Italia trae consigo en los últimos años una tumultusa experiencia de problemas burocráticos y judiciales. Atribuida su construcción en 1926 a Luis de Vega, el PGOU lo catalogó en 1984 por su valor y porque constituye "un hito en su entorno". Sin embargo, el edificio se encuentra desde hace más de una década en grave estado de conservación. En 2015, tras la realización de la inspección técnica de construcciones, el Ayuntamiento de Salamanca requirió a los dueños a que, con premura, solventaran las deficiencias de la construcción, cumpliendo con su deber de conservación. Sin embargo, la familia dueña, a través de una constructora, solicitó a la declaración de ruina del inmueble.
Posteriormente y tras un informe técnico que defendía que la declaración de ruina fuese desestimada, un decreto de Alcaldía rechazó la solicitud de la familia; pero una sentencia del TSJCyL concedió a los anteriores propietarios de la vivienda el derecho a recibir una indemnización de 590.000 euros por los perjuicios que le ocasionó esa protección, a pagar por parte del Ayuntamiento de Salamanca.
