El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, subrayó este lunes en Salamanca la importancia de las instituciones de autogobierno y de control externo, afirmando que se han convertido en "garantes de la legalidad y de la buena gestión de los recursos públicos, de la transparencia y la calidad democrática".
Amilivia inauguró esta mañana el VI Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción en el salón de actos del Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca, un evento que reunirá a un centenar de inscritos hasta el próximo viernes.
En su intervención, Amilivia destacó el "pleno éxito" de la colaboración y coordinación entre el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo durante los últimos 23 años. No obstante, abogó por establecer una regulación y un procedimiento que mejoren aún más esta colaboración, especialmente en el marco de las comisiones de coordinación. Según el presidente del Consejo de Cuentas, esto permitiría delimitar mejor los ámbitos de actuación y evitar posibles disfunciones como auditorías sin consenso, duplicidades o solapamientos de actuaciones.
A pesar de la superposición que establece la Constitución del Tribunal de Cuentas sobre los órganos autonómicos, Amilivia resaltó la "ejemplar colaboración y coordinación" existente. Puso en valor la labor del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que en más de dos décadas de funcionamiento ha aprobado 300 fiscalizaciones, multiplicando por seis la capacidad de auditar la comunidad autónoma y formulando 2.500 recomendaciones para mejorar la gestión pública y la transparencia. Además, destacó el seguimiento permanente que se realiza de estas recomendaciones.
El Consejo de Cuentas fiscaliza cerca de 5.000 entidades públicas y unos 15.000 millones de euros en Castilla y León.
En relación al papel de los consejos y cámaras de cuentas en la lucha contra el fraude y la corrupción, Amilivia señaló la "heterogeneidad" de las soluciones adoptadas por las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, adscrita al Consejo de Cuentas, se nombró en junio pasado a Luis Gracia como titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL), quien estuvo presente en el acto. Amilivia destacó la intensa actividad desarrollada por este organismo desde su creación, de la que se informará próximamente a las Cortes de Castilla y León.
La AICCYL, creada en cumplimiento de una directiva europea y normativa estatal, ha puesto en marcha su estructura inicial, incluyendo la aprobación de la plantilla, el registro de personal, la aprobación de procedimientos de gestión de información y protección del informante, la creación de una página web y un canal externo de denuncias. Además, se ha realizado un estudio sobre los sistemas internos de información y se ha publicado una guía sobre sistemas de alerta en contratación pública, instruyéndose ya más de 40 denuncias.
Sin embargo, Amilivia planteó una reflexión sobre la idoneidad de la adscripción de la Autoridad Independiente al Consejo de Cuentas, considerando que este último no tiene competencias directas en materia de lucha contra la corrupción. En este sentido, sugirió que "parecería más lógica la plena independencia, la plena autonomía, también orgánica y presupuestaria, de la Autoridad Independiente" a través de una modificación legislativa.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel A. Cardenete, presentó a Mario Amilivia, quien inició su conferencia explicando el modelo constitucional de fiscalización externa en España.
Amilivia contrastó la situación del Consejo de Cuentas con la del Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos, como el de Castilla y León, que en la práctica sustituyen al Consejo de Estado en el control previo de la legalidad de la actuación administrativa.
Finalmente, Amilivia resaltó el impacto positivo de la creación del Consejo de Cuentas en Castilla y León. Antes de su funcionamiento, nunca se habían fiscalizado en el ámbito local siete de las nueve capitales de provincia, seis de las nueve diputaciones ni la gran mayoría de los ayuntamientos y juntas vecinales. En el ámbito autonómico, solo se fiscalizaba la Cuenta General de la Comunidad, el Fondo de Compensación Interterritorial y la contabilidad electoral. En contraposición, el Consejo de Cuentas ha realizado 300 fiscalizaciones y emitido 2.500 recomendaciones, con un alto grado de aceptación y cumplimiento. Además, ha incorporado en los últimos años informes sobre temas relevantes como la ciberseguridad de los ayuntamientos, la administración electrónica, la protección del medio ambiente y las políticas de igualdad. Destacó especialmente las auditorías de seguridad informática, siendo pioneros en este ámbito junto a la Sindicatura de Cuentas de Valencia.
Amilivia concluyó subrayando su compromiso con la transparencia y la mejora de la gestión pública, mencionando sus 63 comparecencias en el Parlamento autonómico durante sus seis años al frente del Consejo, en las que ha presentado 137 auditorías para fomentar la labor de control parlamentario.
