Amnistía Internacional ha realizado la presentación de su Informe Anual del año 2016, donde han recogido la situación de los Derechos Humanos en 159 países, como ha explicado Jesús Piñuela, responsable de comunicación de Amnistía Internacional Salamanca. Los informes de estos países se han realizado sobre el terreno, ya que la organización tiene investigadores en distintas partes del mundo, y que todos los hechos que se recogen “tienen nombres y apellidos” de personas que han sufrido violaciones de sus derechos en todas las partes del mundo.
Elena Domínguez, activista y encargada del informe en Salamanca, ha detallado la visión general, recordando que 2016 no fue un año bueno para los Derechos Humanos y explicando que 2017 no tiene mejores perspectivas. El auge de los conflictos armados ha dejado un claro perdedor, como ha recordado Elena Domínguez, que son los civiles, que han visto cómo sus Derechos Humanos están siendo constantemente violados y vejados.
Además, estos conflictos, que se han visto alimentados por el negocio de las armas, han provocado el movimiento de millones de personas que buscan escapar, lo que ha sido utilizado por la clase política emergente de Europa y Estados Unidos, que los han usado como ‘cabeza de turco’ de los atentados sufridos, atentados que han provocado la restricción de unos derechos que “ha costado mucho conseguirlos”, como ha explicado Elena Domínguez, que por último ha animado a los ciudadanos a que sean parte activa de la política.
Guillermo Castán, también activista, ha matizado la situación de los Derechos Humanos en España, donde también se vive una situación de retroceso donde “se enquistan los problemas” que vienen produciéndose en el país. El contexto de la crisis financiera ha provocado políticas que menoscaban los derechos de los ciudadanos debido a los problemas sociales que han provocado.
Además, recordó otras políticas que se están aplicando en nuestro país, como la ‘Ley Mordaza’, el uso de la fuerza excesiva de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado o el cambio del código penal que define de manera tan laxa el delito de enaltecimiento de terrorismo y que sirve para censurar a las personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión.
Guillermo Castán también lamentó que la crisis de los refugiados, que ha desplazado a más de 11 millones de sirios, sirva como caldo de cultivo para fomentar el miedo, y recordó que el Gobierno ha incumplido el acuerdo al que se ofreció de acoger a 17.000 refugiados, número que no alcanza ni el 10% de la población salmantina, y apoyó a Elena en afirmar que el terrorismo ha servido a las instituciones para primar la seguridad sobre la libertad de los ciudadanos.
El activista aseguró que se siguen produciendo casos de tortura y malos tratos en España, que aunque por suerte ya no sistemática, sigue siendo “mucho más que casos anecdóticos y asilados”. Por ello ha pedido que se cumplan las medidas del Protocolo de Estambul. Además, afirmó que España ha recibido 7 condenas por no investigar las denuncias de torturas.
Por último, recordó que la ‘expulsión en caliente’ es ilegal, y pidió que se colabore con la justicia argentina en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. También explicó que los problemas más serios son la violencia contra las mujeres, la retirada de la tarjeta sanitaria a personas en situación irregular, abalada por el Tribunal Constitucional, o los más de 45.000 desahucios que afectan a familias sin recursos. Por ello, Guillermo Castán definió el sistema de poder como menos respetuoso con los Derechos Humanos.
Sara Pérez detalló la situación de los derechos de las mujeres en el mundo, donde la violencia hacia ellas sigue siendo grave y generalizada, especialmente en zonas donde existen conflictos. Tampoco se ha logrado la igualdad, lo que provoca la discriminación de la mujer, y preocupa la situación en América Latina, donde los derechos sexuales y reproductivos perjudican gravemente a las mujeres. A nivel europeo quiso destacar la prohibición del velo integral en lugares públicos y la persistencia de la violencia de género.
