El problema con el contrato del servicio de autobuses urbanos de Salamanca parece el cuento de nunca acabar. Dese que en febrero de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazara el recurso de casación de la empresa concesionaria (Salamanca de Transportes) e indicara que el contrato debía volver a licitarse, lo cierto es que no ha vuelto a haber noticias al respecto.
Más de dos años después, pandemia mediante, el PSOE llevará al Pleno municipal una moción en la que se pide que la sentencia se ejecute y el contrato del servicio salga a licitación, lamentando que el Ayuntamiento de Salamanca no dé cumplimiento a la sentencia de los tribunales.
Así lo ha explicado el portavoz socialista en la Corporación Municipal, José Luis Mateos, quien ha recalcado que, a este paso, el servicio va a transcurrir más allá del período licitado en un primer momento. Y es que, pese a que en 2019 fue cuando se dio por finalizado el litigio, ya en 2018 el contrato fue anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL.
Al ser preguntado por estas declaraciones del PSOE, el portavoz municipal y concejal de Hacienda y Régimen Interior, Fernando Rodríguez, ha manifestado que la moción que presentará el PSOE servirá de poco puesto que “pide que se ejecute una sentencia que ya está ejecutada” puesto que el contrato se declaró como nulo.
De hecho, si se sigue prestando servicio es “porque es de interés público. Creo que no hace falta explicar mucho por qué es imposible que se interrumpa este servicio”, ha manifestado, reiterando que la sentencia posibilitaba al Ayuntamiento el adoptar esta continuidad mientras se licitaban los nuevos pliegos de contratación.
Una licitación que podría no tardar mucho en llegar. “El Ayuntamiento está trabajando para que sea lo más rápido posible”, aseguraba Rodríguez, indicando que hay un grupo de trabajo “en el que también se encuentra la oposición” que está definiendo el servicio al completo. “Una vez se defina este servicio, se sacará a licitación”, ha aseverado el concejal.
No obstante, Rodríguez recalcaba que la prestación actual del servicio tiene cobertura legal y que la idea del Ayuntamiento es “sacar pronto, con la mayor brevedad posible, la licitación del nuevo contrato”, ya que poco a poco también se va despejando el horizonte de la crisis sanitaria que ha paralizado casi por completo la actividad no esencial en la lucha contra el virus.
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