El sindicato independiente de profesores ANPE ha denunciado la "desigual implantación del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos", figura de la que son "responsables" de implantar las comunidades autónomas. En la gran mayoría no hay regulación, como en Castilla y León, no reducen horario a los profesores que se encargan de esa función y tampoco pagan más por ello.
Así se desprende de la tabla publicada por la organización sindical en su revista de septiembre-octubre. ANPE argumentó en el artículo que acompaña a esos datos que "son las comunidades autónomas las que deben coordinar su implantación" y que "este es el segundo curso escolar que debería estar funcionando esta figura".
De hecho, la organización recordó en su publicación que "la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incorpora en todos los centros educativos la figura del coordinador de bienestar y protección. Y posteriormente la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia incorpora las funciones de estos coordinadores".
"La falta de concreción en la regulación estatal ha originado que en cada una de las comunidades autónomas se esté implementando de una forma diferente", protestó ANPE.
En la citada tabla, se observa que en la mayoría de territorios se ha reducido la regulación de la figura a "instrucciones" y que incluso en comunidades como Baleares, Castilla y León y Madrid no hay ninguna regulación autonómica.
En cuanto a la reducción horaria, no se ha producido en Andalucía, Baleares, Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco, pero la reducción horaria del profesor por realizar esta función se limita a un par de horas, tiempo en el que ese profesional se tiene que dedicar a resolver los conflictos que hayan surgido en las distintas aulas del centro.
Asimismo, el reconocimiento administrativo o económico tampoco compensa el esfuerzo de esos docentes. En Aragón se 'premia' con horas de formación, en Canarias con 30 euros y en un puñado de territorios se remite al convenio de trabajadores.
