Desde 2004 la Asociación salmantina Memoria y Justicia trabaja para recuperar la memoria y la dignidad de aquellas personas que sufrieron la dictadura franquista encarceladas o asesinadas. “Queremos recuperar su memoria, su nombre, su historia, porque en muchos casos han eliminado hasta su acta de nacimiento para borrar la huella de su paso”, apunta la presidenta de la asociación, Luisa Vicente.
Además de honrar su recuerdo con memoriales de homenaje, la asociación también trata de recuperar datos de aquellos que un día fueron enterrados en campos, cunetas o fosas comunes en cementerios para poder devolver los restos a sus familiares como compensación de su sufrimiento.
Después de 15 años de trayectoria, consideran que ahora su trabajo es más fácil gracias a la implicación de las instituciones: “éramos los bichos raros de la sociedad. Ahora nos van entendiendo y comprendiendo nuestra labor. Ha sido complicado, pero con respeto y dignidad se puede llegar a un entendimiento con la gente”, apunta la presidenta.
La importancia de la información oral en la investigación
La financiación a través de subvenciones ha permitido llevar a cabo una extensa investigación, ya que cuando empezó este movimiento memorialista “apenas había datos sobre la represión en Salamanca”. Unicamente se sabía que hubo cien personas que fueron fusiladas por Consejo de Guerra, como explica el vicepresidente de la asociación, David Hernández.
Ese dinero les permitió investigar en 5.000 expedientes de El Ferrol de personas que fueron juzgadas en Salamanca, así como en archivos municipales. Actualmente, los datos que manejan arrojan que en Salamanca hubo más de 1.000 personas represaliadas por muerte, además de aquellos que pasaron por prisión.
Pasar de conocer 100 muertes, según los datos oficiales del Consejo de Guerra, a tener constancia de más de mil, supuso un gran cambio, aseguran. David Hernández detalla que, en cuanto a la documentación, han podido estudiar el gran grueso, sin embargo, queda la información oral: “requiere un trabajo más costoso y se va perdiendo cada vez más porque la gente que tiene esa información casi toda ha muerto. La información se pierde porque llega a través de segundas o terceras personas”.
Esto supone una diferencia en la mayoría de zonas, como en la de La Orbada, donde tienen conocimiento de cantidad de fosas, aunque no su ubicación exacta. Explican que en la mayoría de pueblos sigue siendo un tema tabú con el que la gente sigue guardando silencio por miedo: “Incluso dentro de las familias era un tema tabú, estaba mal visto porque no solo los asesinaron, las familias quedaron señaladas como rojos”.
Por ello, la Asociación Memoria y Justicia pide a las personas que cuenten con algún tipo de información sobre víctimas o fosas que se pongan en contacto con ellos a través de su página web: “Para nosotros la información oral es básica, porque la documentación escrita llega hasta un punto, que contacten con nosotros es clave”.
Pasos conseguidos
Apuntan que lo conseguido ha sido muchísimo: “Somos una asociación con 80 socios que pagan una cuota anual de 20 euros al año, con lo que la voluntad es muy grande, pero estamos muy limitados en el tema económico”. Esa limitación económica les ha permitido, no obstante, la investigación mencionada además de la colocación de memoriales de homenaje en el cementerio de Salamanca, en Béjar o Ciudad Rodrigo, entre otros.
También han podido llevar a cabo algunas exhumaciones en Vecinos y en Castillejo de Martín Viejo, en colaboración con la asociación nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica (RMH). Esta asociación nacional también ha efectuado los levantamientos de La Caridad y Boadilla. Así, en total, en Salamanca se han hecho en torno a cinco exhumaciones.
En el mes de mayo, la Asociación Memoria y Justicia llevará a cabo otra exhumación en Pedro Toro, una pedanía de Ciudad Rodrigo, para lo que contarán con la colaboración del antropólogo Francisco Etxeberria. Tal y como explica la presidenta, se trata de una fosa en la que han tenido que pleitear durante seis años, ya que se encuentra en una finca privada y la propietaria se negaba a dar el permiso. Tras varios problemas en los que también el arrendatario pedía dinero, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se implicó y llegó a un acuerdo con ellos. “Es muy triste que estemos intentando hacer negocio con una exhumación, con recuperar los restos de unas personas que fueron asesinadas”, aseguraba Luisa.
La simbología, la tarea pendiente
A pesar de que la localización de las fosas comunes es algo en lo que ha habido una mayor concienciación en la sociedad en los últimos años, no ocurre lo mismo en cuanto a la simbología franquista, que todavía ocupa nombres de calles y fachadas en edificios públicos, privados y de la Iglesia.
La Asociación Memoria y Justicia explica que se han presentado varias denuncias a través del Ministerio de Justicia a pueblos donde aún no se ha retirado toda la simbología, tal y como indica la ley. A esto se suma el requerimiento de la Junta de Castilla y León a los Ayuntamientos para hacer un inventario de simbología pendiente.
Y es que, a pesar de que las instituciones dan pasos en este sentido, algunos pueblos aún se niegan a efectuar estos cambios: “En las fosas la gente está más concienciada, pero en la simbología lo ven más como un problema, porque los nombres de calles los tienen desligados de la simbología”, detalla David Hernández.
Valoración del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León
En abril de 2018 la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto de la Memoria Histórica y Democrática, que desarrolla algunos puntos de la Ley de Memoria Histórica, como la expropiación en el caso de que la fosa se encuentre en terrenos privados o el protocolo concreto de actuación.
Desde la Asociación Memoria y Justicia valoran positivamente este Decreto: “Son mejorables la ley y el Decreto, pero por algo se empieza. No teníamos nada de la Junta y ahora hay 100.000 euros para repartir entre todas las asociaciones de la comunidad”, detalla la presidenta.
“Son mejorables en el sentido de que se tienen que hacer cargo ellos, no tienen que sacar leyes ni dar subvenciones a nadie, tiene que hacerse cargo el Estado”, añade el vicepresidente. Asegura que la finalidad de la asociación es desaparecer: “que este trabajo que hacemos nosotros lo haga el Estado. No queremos que nos den dinero para exhumar, no ganamos nada”.
