La Asociación Salud Mental Salamanca junto a otras diez entidades de Castilla y León han sido seleccionadas por la Fundación ONCE para poner en marcha programas que fomenten el empleo para jóvenes con trastorno mental. En la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, colaborarán un total de 23 organizaciones de toda España y más de 100 jóvenes recibirán formación.
De esta manera, según los últimos datos disponibles, en 2017 la tasa de actividad de las personas jóvenes con discapacidad de entre 16 y 24 años fue del 25,4%, frente al 37,1% de las personas de la misma franja de edad sin discapacidad.
Además, dentro del colectivo de la discapacidad que tiene una tasa de actividad del 35,1%, este valor es menor para las personas con discapacidad causada por trastorno mental, cuya tasa de actividad es del 31,1% y su tasa de empleo del 18%. Estos valores contrastan con los obtenidos para el colectivo de personas sin discapacidad, con una tasa de actividad del 77,7% y de empleo del 64,4%.
En este contexto, surge la necesidad de “prestar un mayor apoyoen el desarrollo profesional al colectivo que reúne estas tres características que son personas jóvenes con discapacidad causada por un trastorno mental”.
Esta convocatoria de ayudas,dotada con 550.000 euros, se desarrolla en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y pretende mejorar las competencias para el acceso a la formación y el empleo de los jóvenes con trastorno mental, mediante programas de atención individualizada.
De esta forma, los proyectos beneficiarios de las ayudas deben favorecer la inclusión laboral de las personas jóvenes con trastorno mental a través del reconocimiento y valoración de las actitudes, conocimientos, habilidades, expectativas y necesidades de los participantes de forma individualizada.
Entre otros objetivos, habrán de dotar a los participantes de los conocimientos, destrezas y habilidades de empleabilidad necesarios para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo formativo y laboral ordinario o protegido.
Así, dichos proyectos tendrán además que “promover una intervención transversal sobre los participantes y contar con un equipo de profesionales multidisciplinar capaz de fomentar la formación, el acceso al empleo y la inclusión social de los beneficiarios”.
Deberán tener una duración mínima de 320 horas por cada participante y contar con una fase de intervención grupal y otra individual. La ejecución de los proyectos tendrá que finalizar antes del día 15 de diciembre de 2019.
