Lejos de calmarse la escalada de precios en el mercado eléctrico, se recuperan precios en el mercado mayorista de la electricidad por encima de los 90 euros el megavatio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige que se investigue esta escalada de precios por si además del elevado consumo eléctrico y subida del precio del petróleo, en un contexto estacional de baja producción renovable, hubiera otros elementos que estén explicando esta fuerte subida.
Señala que mientras que el precio de la luz sube, el bono social se encuentra estancado. Este fuerte encarecimiento se está trasladando directamente a los clientes con tarifa PVPC y afectará por lo tanto también a los clientes que se benefician del Bono Social con un descuento del 25% en su factura. Igualmente, los clientes que estén en el mercado libre deberán estar atentos a sus revisiones de contrato (la mayoría anual) ya que posiblemente incluyan importantes subidas y sea interesante buscar alternativas en el mercado.
OCU recuerda que el Bono Social, que es por el momento la única herramienta del sistema eléctrico para abordar los problemas de pobreza energética, será reformado en breve. “Y las últimas noticias sobre ello tampoco son buenas ya que lejos de preocuparse de llegar con el Bono social a los miles de hogares que no se benefician de él pese a estar en situaciones críticas (por ejemplo, sólo 50000 hogares disfrutan de él por estar todos los miembros de su hogar en paro), las noticias que llegan tiene que ver más con la posible expulsión o limitación de descuentos para algunos de los actuales beneficiarios”, añade.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que ponga fin a las prácticas oligopolísticas que provocan las desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España. Así, exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos.
Se trata, advierte Facua, de un sector “donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos”.
Además, la asociación demanda la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.
