La Audiencia Provincial de Salamanca desestima el recurso interpuesto por la acusación particular del ‘caso primarias’, ejercida por la formación Foro Izquierda-Los Verdes, de acceder al listado completo de afiliados del Partido Popular en la provincia salmantina, como así pretendía su representación judicial.
La sala considera, de hecho, que dichos datos mantienen “carácter reservado” y que no entregarlos “no supone una merma en los derechos” de la acusación particular puesto que, para ejercerla con garantía, “basta con el análisis detenido de la documentación de la documentación ya aportada”, según recoge el auto al que tuvo acceso Ical este viernes.
El tribunal respalda así la decisión tomada en primera instancia por el Juzgado número Dos de Salamanca al considerar que, por el momento, no procede dar publicidad al listado de todos los afiliados al PP de Salamanca, pronunciamiento en el que la Audiencia se ratifica íntegramente. La fundamentación jurídica radica en se produce una colisión entre “el evidente derecho de la acusación a intervenir de modo efectivo en el proceso, con igualdad de armas, sin poner en duda el evidente interés público que existe y que obliga a amparar su actuación, y el derecho a la intimidad y libertad ideológica de los distintos afiliados a dicho partido político”.
En esencia, la sala considera que, según recoge el auto, “dar publicidad, como pretende la acusación popular, a una lista con nombres y apellidos de afiliados de un partido político, sin el consentimiento expreso de todos y cada uno de ellos, vulnera el artículo 18 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como del artículo 16.2n en cuanto supone declarar sobre su ideología”.
Por otra parte, tampoco considera que la no entrega de dichos datos suponga ninguna merma de los derechos de la acusación particular ya que, durante la causa, ha tenido acceso a todos los documentos y a su contenido, con la única restricción de los datos personales de nombre, apellido y DNI de los afiliados al Partido Popular, pero sí a los conceptos, fechas y cantidades económicas, objeto de la causa.
