Johanna lleva cuatro meses en España. Desde que llegó con el objetivo de solicitar protección internacional, empezó a buscar por su cuenta bancos para abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa cuando no pudo hacerlo en ninguna. “En algunas decían que sí pero decían que tenía que adquirir de manera obligatoria un seguro de vida por 30 euros, una cantidad alta para mi situación”. En otras le ofrecían la posibilidad de hacerlo online, vía imposible, ya que uno de los requisitos era tener tarjeta de residente.
El caso más grave se dio en Bankia de la calle Toro, donde recibió la respuesta oral “a colombianos no”, sin argumentar otras razones para no abrir una cuenta bancaria. Según el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, las entidades financieras están obligadas a abrir una cuenta de pago básica a las personas solicitantes de asilo sin discriminar por nacionalidades.
Ante esta imposibilidad, Johanna se dirigió a la Red de Acogida, donde se encontró con que no era la única: había unas diez personas en la misma situación. Entre ellas, había también procedentes de Venezuela, Honduras, Salvador o Perú. Estas se dirigieron de manera conjunta a la entidad y recibieron una solicitud por escrito a la que no se les contestó.
Entre varias idas y venidas el departamento de Atención al Cliente de la entidad bancaria contestó por escrito con la negativa por “un aspecto discrecional del banco sobre política comercial y organizativa”. Una de las coordinadoras de la Red de Acogida, Lizbel Rodríguez, explica que han consultado a abogados de algunas ONG para conocer la manera de proceder jurídicamente. Valora incluso otras acciones, como concentraciones a la puerta de la entidad o denuncias al Banco de España, ya que consideran que se trata de un “acto discriminatorio por razón de nacionalidad, que además causa un gran perjuicio a las personas”.
Las consecuencias de no tener cuenta bancaria
Actualmente esta red de apoyo al inmigrante ayuda a unas 140 personas solicitantes de asilo en España. Desde que piden cita hasta que tienen la entrevista en la Subdelegación para valorar esa protección internacional pasan de 6 a 8 meses, lo que deja a esas personas en un vacío jurídico y sin ninguna protección.
Es precisamente la situación de Johanna, quien a pesar de tener su familia en Colombia, llegó sola a España. Sin embargo, este ‘limbo jurídico’, la deja en una tesitura delicada: “Como soy solicitante de protección internacional me encuentro desempleada porque no tengo permiso para trabajar”. A pesar de que se ha dirigido a algunas entidades como el Ayuntamiento para recibir las ayudas de emergencias, al no tener cuenta bancaria el proceso se retrasa. Otras personas con hijos, cuenta, se han visto en la misma situación.
La coordinadora de la Red de Ayuda confirma estas dificultades: “Muchas de esas personas tienen protección internacional, no tienen ningún tipo de ayuda y las ONG requieren de cuenta para hacer pago y el pago a los acreedores”. A pesar de que Cruz Roja y Cáritas los han intentado ayudar en la medida de lo posible, no pueden seguir dándole dinero en efectivo, ya que para un mayor control es necesario que estas personas tengan cuenta bancaria.
Así continúa la lucha de Johanna y el resto de personas para lograr este derecho básico y empezar su vida en Salamanca.
