Tras la denuncia realizada por la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio por la presunta inexistencia de un régimen de visitas públicas y gratuitas para ciertos bienes integrantes del Patrimonio Cultural, el Procurador del Común de Castilla y León, una vez admitió esta denuncia, inició una serie de gestiones a fin de conocer los hechos y la actuación de las Administraciones Públicas al respecto.
La asociación ha recibido copia de la resolución emitida por el Procurador del Común tras sus gestiones ante la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para aclarar el cumplimiento del régimen de acceso previsto a los Bienes de Interés Cultural, según el artículo 25 de la Ley 12/2012, un asunto que ya había ocupado en otras ocasiones a dicha Procuraduría y en los que recomendó que, "al margen de lo que afectaba a bienes concretos, con carácter general, se promovieran los oportunos regímenes de visitas públicas de los bienes declarados de interés cultural o inventariados de nuestra Comunidad que no dispusieran de los mismos”.
En el caso de la denuncia formulada por Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio para el caso concreto de Salamanca, y que afecta a siete edificios declarados Bien de Interés Cultural, el Procurador del Común valora que, según el caso, la Administración competente debe realizar gestiones a fin de lograr el cumplimiento de la legislación en todo momento.
El Palacio de Orellana es el que, según ha detallado la asociación, pone de manifiesto la falta de vigilancia, control y coordinación de la Consejería de Cultura ya que “cuenta con una dispensa de las obligaciones legales desde el mes de julio del año 2009 justificada hasta la finalización de las obras de restauración y acondicionamiento y el inicio y tramitación de un expediente de expropiación". Según el Procurador del Común, la Consejería de Cultura debería constatar, siete años después, "si se mantienen los motivos que dieron lugar a esa dispensa" temporal del régimen de visitas.
En cuanto al Palacio de Monterrey, esta asociación ha señalado que la Consejería de Cultura ha informado que actualmente se realizan unas obras autorizadas, motivo de la actual dispensa, para las cuáles no hay fijada una fecha de finalización.
Respecto a la Torre del Clavero, propiedad del Ayuntamiento de Salamanca, la Consejería de Cultura ha instado a dicho Consistorio a que presente el correspondiente calendario de visitas, "al margen de que, hasta el momento, previa cita y en horario de oficinas pueda visitarse".
En los casos de las iglesias de San Cristónal y Santiago, según ha señalado Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, la Diócesis de Salamanca fue instada el pasado mes de noviembre a comunicar el oportuno calendario de visitas públicas.
Según la información recibida por el Procurador del Común desde la Consejería de Cultura, la Iglesia de San Polo "es una ruina abierta que, al igual que cualquier otro Bien de Interés Cultural ubicado en espacio abierto, no requiere calendario de visitas", lo que nuevamente pone de manifiesto el desconocimiento que la Junta de Castilla y León tiene sobre el uso de este bien que permaneció cerrado durante tres semanas del mes de julio de 2017, sin explicación por parte del Ayuntamiento de Salamanca.
Según la información recibida por el Procurador del Común desde la Consejería de Cultura, la Torre del Aire está dispensada de la visita pública desde el mes de septiembre de 2009 justificándose en que su interior es de uso privado por una residencia regida por una comunidad religiosa y que "las dependencias interiores no parecen revestir ningún interés especial desde el punto de vista del Patrimonio Cultural".
El Procurador del Común concluye su informe recomendando "que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para que se restablezcan los calendarios de visitas" de los palacios de Orellana y Monterrey a la finalización de las obras que motivaron las correspondientes dispensas y que se aprueben los correspondientes calendarios de visita pública para las iglesias de San Cristóbal, Santiago y la Torre del Clavero.
Difusión de la información turística
Derivado de otra queja formulada por la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio y tras la resolución del Procurador del Común, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León ha manifestado aceptar "valorar las posibilidades técnicas y la oportunidad de incluir en el Portal de Patrimonio Cultural de Castilla y León los datos relativos a las condiciones de visita pública de los Bienes de Interés Cultural y de los incluidos en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León", ya que en la actualidad el régimen de visitas no era una información que la Administración Autonómica estuviese ofreciendo desde las fichas del catálogo de Bienes de Interés Cultural, lo que la Asociación considera que sería muy relevante para toda la ciudadanía y para que la propia Administación practique un seguimiento y tenga un conocimiento certero sobre el cumplimiento de la legislación en lo relativo al acceso público a los bienes patrimoniales más relevantes.
