Quince páginas de texto comprende el Real Decreto-ley 21/2018 que recoge las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler con las que el Gobierno de España desea mejorar las condiciones del mercado inmobiliario.
En el caso de lo referente al alquiler, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) incluye la ampliación del plazo de la prórroga obligatoria de tres a cinco años y de la tácita de uno a tres para personas físicas. Además, la fianza tendrá que ser de un máximo de dos mensualidades, salvo en casos de contratos de larga duración, y se podrán realizar obras en la vivienda sin necesidad de formalizar un nuevo vínculo, siempre y cuando el propietario y el arrendatario estén de acuerdo. Una gran ventaja para el inquilino es que se suprime el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
En materia de desahucios, los servicios sociales pueden interrumpir uno (por un mes si el dueño del inmueble es un particular y por dos meses si se trata de una empresa) cuando exista una situación de vulnerabilidad del alquilado.
Además, en el futuro se prevé que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan fijar una cantidad máxima en el precio del alquiler de determinadas zonas para evitar la especulación. El Gobierno también luchará contra ella poniendo en el mercado 20.000 viviendas a alquilar por precios módicos en los próximos cuatro años. Irán destinadas a personas con problemas sociales y económicos.
