Entre las propuestas urgentes que Cáritas trasladó al Gobierno en los primeros días tras la declaración del estado de alarma para garantizar los derechos de las personas vulnerables más expuestas ante los efectos del coronavirus, se incluía la necesidad, largamente reclamada, de garantizar un sistema de ingresos mínimos como última red de protección social de las personas y familias más empobrecidas.
Esa demanda se aborda dos semanas después de manera más detallada en un documento que Cáritas acaba de lanzar bajo el título ‘Covid19: Una crisis que exige una respuesta en forma de Ingreso Mínimo Garantizado’, con el que se hace una llamada explícita a la colaboración y al compromiso de las distintas Administraciones públicas y, en especial, de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a colaborar en el desarrollo, puesta en marcha y tramitación de este ingreso mínimo garantizado (IMG).
Cáritas aboga en este documento –que ha sido traslado en las últimas horas a representantes del Gobierno— por establecer, como viene planteando desde hace años, un ingreso mínimo garantizado, con una cobertura equivalente en todo el territorio del Estado y que sea capaz de llegar a las familias que, por efecto de esta crisis, se incorporan a la pobreza y a la exclusión social, y que se enfrentan al riesgo añadido de que su situación se agrave y se cronifique en el futuro más inmediato.
Una crisis que reclama un ingreso mínimo garantizado
Entre todas las propuestas planteadas por Cáritas para reducir el impacto que la población en exclusión social y la población insegura iban a padecer destacaba la necesidad de trabajar en la garantía de ingresos mínimos, por ser esta la última red de protección social de las personas y familias, algo que desde la Unión Europea se nos viene reclamando desde hace años.
En el documento presentado el 19 de marzo, Cáritas solicitaba la prórroga automática de las rentas mínimas concedidas desde las Comunidades Autónomas y las que tendrían que ser renovadas en marzo y abril, mientras las circunstancias actuales permanecieran, además de resolver de forma urgente las que estaban en curso.
Ahora, vistos los efectos económicos y sociales que la crisis está generando, es urgente ir más allá, y solicitar un incremento decidido de la capacidad protectora sobre las familias que ya vienen sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social, pero también sobre aquellos sectores sociales que están cayendo en situaciones de riesgo.
El actual sistema de garantía de ingresos mínimos, diseñado para alcanzar a las situaciones más extremas de pobreza, incorpora en muchos casos requisitos que exigen una cierta cronificación de la situación de pobreza, lo que deja fuera, y por tanto sin cobertura, a todas las familias con situaciones de pobreza no extrema o que han llegado a esa situación de forma coyuntural. Por ese motivo, Cáritas pone sobre la un modelo de ingreso mínimo garantizado que sea capaz de llegar a las familias que se incorporan a la pobreza y a la exclusión social por efecto de esta crisis.
Un IMG equivalente en toda España
La propuesta de IMG que presenta Cáritas debería tener un ámbito estatal que garantizase una cobertura equivalente en todo el territorio nacional. Para ello, habría que superar la seria dificultad que suponen las actuales barreras competenciales y de financiación.
La vía más adecuada en las actuales circunstancias para superar esos obstáculos sería la asunción por la Seguridad Social de esta nueva contingencia. Es una experiencia ya conocida cuando se han incorporado nuevos colectivos al sistema de protección, como por ejemplo las pensiones no contributivas de jubilación. Además, es un formato que pone el acento en lo que Cáritas considera prioritario: la cohesión social y en la igualdad de derechos.
Algunas características de la propuesta
Esta propuesta incorpora de una manera decidida a tres colectivos insuficientemente protegidos en nuestro marco actual de garantía de rentas, y que son colectivos en pobreza bien estructural o fruto de la coyuntura, como puede ser la creada por el coronavirus.
– Los hogares sin ingresos que se encuentran en situación de pobreza.
– Los hogares con bajos ingresos por la precariedad del mercado de trabajo, trabajadores y trabajadoras pobres.
– Familias con hijos a cargo, que están representando situaciones cotidianas de pobreza infantil.
El IMG que proponemos estaría dirigido a:
– Los hogares sin ingresos y vinculado al número de personas que forman el núcleo familiar o de convivencia.
– Siendo la edad mínima de 18 años para el titular de la prestación y la máxima la correspondiente a la de jubilación legal.
– Las personas perceptoras serán las empadronadas independientemente de su nacionalidad.
– Debido a la diversidad de hogares en España, pueden ser compatibles varias prestaciones en un domicilio, con un límite en la suma de cuantías.
– La percepción de dicha renta debe ser incorporada en el sistema de Seguridad Social como derecho subjetivo únicamente condicionado al nivel de renta del hogar.
– Su temporalidad debería estar vinculada al cumplimiento de la situación de “no ingresos”.
– La cantidad a percibir podría estar ubicada entre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y el umbral de pobreza relativo, calculada en función de los miembros del hogar a través de las unidades de consumo de la escala OCDE modificada u otras opciones mejoradas.
– La opción por la protección de los menores dentro del sistema debe ser clara y decidida. Esta prestación debe ser plenamente compatible con la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas (incorporando a las familias monoparentales) y personas con discapacidad, al objeto de que los actuales beneficiarios de esas deducciones no salieran perdiendo con la nueva prestación.
Proponemos la existencia de un ingreso mínimo garantizado equivalente en el ámbito estatal, que pueda articularse mediante la existencia de dos tramos, por una parte, una prestación estatal que alcance los objetivos y colectivos descritos, y de otra parte una prestación autonómica que complemente y mejore el tramo estatal. Esta regulación tendría que suponer una mejora de los sistemas que tienen un nivel de protección más débil, en ningún caso una reducción de aquellos más garantistas. Además de buscar el adecuado encaje jurídico dentro de las competencias definidas en la Constitución, asegurando que se respetan las competencias autonómicas.
El IMG debería contar con un complemento que facilite la incorporación al mercado de trabajo. Una extensión a través de una cantidad que bonifique el acceso al empleo. Este complemento se dirige a dos colectivos de forma simultánea:
– Personas que perciben el IMG y que comienzan a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo.
– Trabajadores cuyo salario no les permita alcanzar los mínimos umbrales de supervivencia.
Una propuesta para esta crisis y para el futuro
La propuesta de un IMG para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando. Las crisis pasadas, presentes y futuras, como reiteradamente ha constatado la Fundación FIESSA, siempre proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población más vulnerable y sobre la población que no goza de una estabilidad permanente.
Antes de la crisis económica de 2008, cerca de 240.000 personas se beneficiaban de las diferentes rentas mínimas, lo que evidenciaba la necesidad de un último colchón de asistencia a las personas más pobres de nuestra sociedad, incluso en la época de bonanza económica. En el año 2018, tras cuatro años de recuperación económica, casi 680.000 personas se beneficiaban de este tipo de ingresos mínimos.
El VIII Informe FOESSA evidencia que ni siquiera en 2018 el sistema estaba siendo capaz de alcanzar a cubrir las necesidades de una parte importante de la población que atravesaba graves dificultades económicas: los beneficiarios de las rentas mínimas apenas alcanzaban al 33% de las personas que sufrían la pobreza severa. Esto significa que, aún sin haberse producido la actual crisis, ya era necesario una revisión, adaptación y extensión de la cobertura de las rentas mínimas.
Esta crisis que ha llegado sin avisar va a incrementar notablemente los potenciales beneficiarios de esta ayuda, por las consecuencias que está teniendo y tendrá en los ingresos de las familias. Por ello, es urgente la implementación de un ingreso mínimo de carácter estatal que asegure una red de protección económica a quienes ya sufrían la exclusión social, a quienes se han incorporado en las pocas semanas que llevamos de crisis, y a los que irán cayendo en esta situación en los próximos tiempos.
