Según estos datos el maltrato de animales domésticos es el delito ambiental que más ha aumentado en España en esta década, ya que en 2007 se contabilizaron 130 delitos mientras la cifra en 2017 era 4,6 veces superior, con 598 delitos.
Las conclusiones forman parte de un avance de datos que se conocerán por completo durante el mes de octubre, cuando la ONG publicará el primer estudio contra el crimen medioambiental en el marco del Proyecto LIFE+ Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental que busca mejorar la efectividad y la eficacia de acciones para combatir los delitos contra la naturaleza.
Además, en 2008 apenas hubo 11 sentencias condenatorias por maltrato de animales, pero en 2017 la cifra fue de 163 condenas, catorce veces más que hace apenas una década.
Si bien, la ONG destaca que la "inmensa" mayoría de incumplimientos de las leyes ambientales, entre el 97 y el 98 por ciento, se catalogan como infracciones administrativas mientras que los delitos ambientales que se persiguen en el Código Penal se sitúan en el 2 por ciento restante.
Sin embargo, el informe subraya también que entre 2008 y 2017 se redujeron las infracciones al tiempo que aumentaron los delitos ambientales de los que los dirigidos contra la fauna representan casi un tercio del total de los hechos conocidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Caza ilegal y maltrato, la mayoría
Los datos de la Benemérita apuntan que la mayoría de infracciones penales en el ámbito de la flora y fauna son por la caza ilegal y el maltrato de animales, mientras que los hechos penales conocidos respecto a la pesca ilegal y al tráfico ilegal siguen en cifras más bajas.
Asimismo, desde 2013 los delitos de caza se redujeron a la mitad respecto a 2009 pero, en ese mismo periodo, los delitos de maltrato o abandono se multiplicaron por cuatro hasta el punto que en 2013 suponen ya el 85 por ciento de los hechos conocidos sobre flora y fauna.
El estudio de la ONG analiza también las memorias de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadística.
Así, concluye que las diligencias de investigación por presuntos delitos ambientales de la Fiscalía se mantienen "relativamente estables" desde 2008, con unas 1.500 al año de media, excepto en 2013 y 2015, años en los que la cifra es menor.
Por el contrario ha aumentado "de manera sostenida y significativa" según el informe el número de acciones por maltrato, ya que desde 2008 las diligencias de investigación se multiplicaron por 11, ya que han pasado de 15 a 175 y los procedimientos judiciales incoados se han multiplicado por ocho. De los 108 procedimientos en 2008 se llegó a 914 en 2017.
Más condenas
El informe de SEO/BirdLife observa también un "llamativo" aumento de las sentencias condenatoria por delitos ambientales en general y por maltrato animal en particular que se han multiplicado por tres desde 2008 a 2017, ya que han pasado de 219 a 773 condenas anuales.
En cuanto a las condenas por maltrato, se ha pasado de 11 en 2008 a 163 condenas en 2017, catorce veces más en apenas una década. Sin embargo, el responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, el aumento del conocimiento, esclarecimiento y las sentencias condenatorias en los delitos contra el medio ambiente "no necesariamente supone un aumento de la criminalidad ambiental".
A su juicio, estos datos reflejan más bien la especialización y capacitación de agentes de medio ambiente, SEPRONA y fiscalías ambientales.
Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, los datos hablan de una "creciente sensibilidad social" frente a los delitos ambientales.
"Cada vez más personas y organizaciones dan el paso de denunciar las posibles infracciones que detectan; como ciudadanía, cada vez somos más conscientes de que no podemos mirar hacia otro lado, no podemos callar frente a las agresiones contra la naturaleza y, además, por suerte, cada vez contamos con policías ambientales más dotados y especializados, y con fiscalías y tribunales más informados y sensibilizados, siendo el papel de las ONG esencial en la denuncia ambiental", ha sentenciado.
En el estudio que verá la luz en octubre han participado además de SEO/BirdLife profesores de la Universidad de Granada, de la Universidad de Jaén, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios.
El informe está cofinanciado por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición ecológica (MITECO).
