Castilla y León fue el pasado año la segunda comunidad autónoma donde se registraron más agresiones a profesionales de Enfermería, con un total de 317, cifra solo superada por Andalucía, donde se contabilizaron 728. En 2022 se denunciaron en el conjunto de España un total de 2.580 agresiones a enfermeras en España, según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), lo que supone un incremento de más de 58,38 por ciento.
El director del Observatorio y secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, resaltó que este aumento no se ha debido realmente a que las agresiones se hayan incremento de forma tan alarmante, sino a que hay una mayor concienciación de los profesionales a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas.
Tras Andalucía y Castilla y León, se sitúan País Vasco (315), Baleares (268) y Galicia (188). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Extremadura (1), Cantabria (8), Canarias (11) y Cataluña (18).
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, argumentó que estos profesionales se enfrentan cada día a hacer su trabajo con una presión asistencial “brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestro país. De hecho, hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos”.
Además, subrayó que “hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas”.
Ante esta situación, desde el CGE piden la colaboración de todos: de los políticos para que pongan soluciones a los problemas de la profesión; de los ciudadanos, “comprensión y solidaridad, que censuren los comportamientos delictivos y violentos, que alerten cuando puede darse una situación de violencia, que intervengan si es preciso y que testifiquen si son requeridos”, y, de las enfermeras, que “no deben dejar pasar la más mínima vejación”, y denuncien “cualquier agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante su hospital y ante los colegios profesionales”.
