La Junta de Castilla y León ha trabajado en todo momento con el objetivo de conseguir la presencialidad total en el presente curso escolar 2020-2021. Así, durante el verano, la Consejería de Educación se anticipó con la contratación de docentes de refuerzo -más de 1.300 a mayores de un curso normal- y ayudó a que los centros educativos pudieran reorganizarse hasta conseguir mantener la distancia segura en todos sus espacios.
Este no ha sido el único esfuerzo llevado a cabo por la Administración autonómica, sino que también ha aumentado la limpieza de los centros, ha creado los equipos COVID- Colegios para optimizar los rastreos, ha adquirido medidores de CO2 para las aulas, ha incrementado el equipamiento informático y reforzado los servicios de transporte y comedor escolar, entre otras iniciativas.
La Consejería de Educación se muestra satisfecha por los resultados obtenidos tras la implementación de dichas medidas, que han posibilitado que todos estudiantes de la Comunidad hayan asistido de forma presencial a las clases, una presencialidad que ahora solicita el Ministerio de Educación y Formación Profesional al resto de comunidades autónomas. De hecho, el documento debatido esta tarde en la sesión conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial de Salud -‘Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 en centros educativos para el curso 2021-2022’- recoge muchas actuaciones que Castilla y León ya está llevando a cabo con éxito gracias a la colaboración entre la Consejería de Educación y la de Sanidad.
De este modo, el texto anima a las comunidades autónomas a garantizar la presencialidad “al menos hasta los 14 años (…) pero se hace necesario reforzar la presencialidad también en cursos superiores, por motivos de rendimiento académico, bienestar emocional y equidad”. En este sentido, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha compartido con sus homólogos la experiencia desarrollada en Castilla y León y ha destacado la importancia que tiene para los alumnos poder acudir cada día a sus centros educativos.
No obstante, Lucas ha recordado que todas estas medidas -las aplicadas por Castilla y León y recogidas en este documento para el próximo curso- suponen un coste económico elevado. Por ese motivo, la Junta ha solicitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional que consiga del Ministerio de Hacienda una línea de financiación similar a la que se estableció el año pasado para ayudar a las comunidades autónomas a cofinanciar estos gastos. En este sentido, la consejera ha recordado que el Gobierno nacional recibirá de la Unión Europea fondos cuyo fin es, precisamente, atender situaciones derivadas de la pandemia de la COVID-19.
